Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

Al difundirse por el continente la noticia de la desaparición del diario El Espectador, de Bogotá, en los medios de prensa la pregunta es: ¿por qué? Se trata de saber si la misma historia y las mismas causas de muerte se repiten en otros lugares. Es muy posible, en efecto, que el siglo XXI esté naciendo bajo el signo de nuevas amenazas contra la libertad de prensa.

Los enfrentamientos entre estudiantes y policías que estremecieron la tranquilidad lugareña de la capital de Antioquia, en mayo de 1921, fueron motivados por el retrato al óleo de un periodista.

El Congreso Nacional había ordenado honores a la memoria del fundador de El Espectador, don Fidel Cano, y el gobernador Miguel M. Calle se había negado a cumplir ese mandato. Cuando se trató de colocar ese óleo en la galería de personajes del paraninfo de la Universidad de Antioquia, el funcionario se negó, en parte por la repulsa que se había producido en la muy tradicional sociedad antioqueña a que, al lado de la imagen del Sagrado Corazón y  entre patriarcas antioqueños, llevados a la inmortalidad del óleo, quedara la imagen de don Fidel “exponente de cultura, virtud y patriotismo”, según el senado, “adalid del periodismo descreído e impío” para el editorialista del periódico local, El Colombiano (21-04-1921). El conflicto se agudizó cuando los estudiantes, enardecidos, descolgaron el cuadro del Sagrado Corazón  para entronizar en su lugar el óleo de don Fidel; exceso que él mismo hubiera condenado. Pero aparte del explosivo contenido de lucha religiosa que adquirió el episodio, ubicar ese óleo  en la galería de los personajes regionales representaba la legitimación y exaltación de un periodismo sin dependencias de poder alguno: ni del político, ni del militar, ni del eclesiástico, ni del económico. Para el gobernador y en general para las gentes en el poder, un periodista era lo más próximo a un delincuente, se miraba como un personaje reconocidamente peligroso, o como “un gamonal de la pluma”, según la expresión del expresidente Miguel Antonio Caro.

Al comenzar el siglo XXI, cuando el periódico fundado por don Fidel llegaba a los 114 años como el segundo periódico más antiguo del país, ha dejado de ser diario y se ha convertido en semanario, episodio que puede ser el último de una procelosa historia de luchas por la información libre.

El azaroso oficio de ser libre

Solo habían pasado 30 días después de la publicación del primer número de El Espectador cuando su director comenzó a pagar el precio de escribir con libertad. Aquél periódico era una hoja aparentemente insignificante en cuya primera página dominaba, como una marea creciente, el oleaje de los avisos de propaganda comercial que solo dejaban una reducida playa  en el ángulo superior izquierdo para un texto, también comercial, sobre el propio periódico; pero esa hojita provinciana tuvo fuerza suficiente para inquietar en Bogotá al propio presidente que ordenó al gobernador de Antioquia “ atenerse al artículo K de la Constitución.” Se trataba de un artículo transitorio de la Constitución, adoptada dos años antes, en el que se autorizaba a la policía impedir la circulación de publicaciones que atentaran contra el honor de las personas, el orden social y la tranquilidad pública. Aunque el documento correspondiente llevaba por título: ”Sobre  libertad de prensa y juicios por los abusos de la misma,” la atención del gobierno se concentraba más en los abusos que en la protección de la libertad.

Extraña la impavidez, exenta de cualquier escrúpulo democrático, con que los distintos gobiernos procedieron contra El Espectador a lo largo de su historia. Había sofismas para legitimar esas acciones, como el que consignó el presidente Rafael Núñez en 1888 en una carta a Jorge Holguín: “ la imprenta es incompatible con la obra necesariamente larga que tenemos entre manos.” Para este presidente, coautor de la Constitución de 1886 “ la imprenta no es elemento de paz sino de guerra,” en consecuencia a los periódicos se los combatía como a un ejército enemigo. El gobernante le imponía trabas y silencios. Al aparecer el primer número de El Espectador estaba prohibido referirse a los jesuitas. Medio siglo después, anotaba don Gabriel Cano, “no se nos permitió a los periodistas independientes tocar siquiera de manera superficial el tema de la violencia.”

El poder eclesiástico fue aún más quisquilloso en materia de temas que se debían evitar. Cuando un columnista manizaleño publicó una nota en la que destacaba el contraste entre la pobreza y humildad de los apóstoles de Cristo y la fastuosidad con que la Iglesia preparaba la celebración de las bodas de oro sacerdotales del Papa León XIII, el obispo de Medellín, Bernardo Herrera Restrepo prohibió “ leer, comunicar, transmitir, conservar o de cualquier manera auxiliar al periódico titulado El Espectador.” Un siglo después, la circulación de El Espectador en Medellín no era pecado, pero la habían restringido, esta vez los sicarios de Pablo Escobar compraron toda la edición para evitar que el periódico fuera leído, y acabaron asesinando a los empleados del periódico. El Espectador, como en los tiempos del obispo Herrera, tuvo entonces una circulación clandestina.

Al hacer memoria de la historia del periódico don Gabriel Cano, su director en 1958, recordaba los “dos lustros de dictadura” padecidos por el periódico: “del gobierno del doctor Mariano Ospina Pérez en 1949, del doctor Laureano Gómez en 1950, del doctor Roberto Urdaneta Arbeláez en 1951 y del general Rojas en 1953.” Fueron años de censura oficial implacable, de asalto y destrucción de las instalaciones del periódico, de multas con toda clase de pretextos, de suspensión y cierre del diario. En septiembre de 1956, durante la XII Asamblea General de la SIP, celebrada en La Habana, el director de El Espectador manifestó ante un conmovido auditorio de directores de periódicos de todo el continente:  “me considero el depositario responsable de una tradición casi centenaria de dignidad e independencia, que no debo y no quiero dejar disminuir en mis manos.” En ese momento, para circular, el periódico había cambiado de nombre y se llamaba El Independiente. En el acta correspondiente, la Sociedad destacó “la heroica e infatigable resistencia a la nefasta censura y al sofocamiento económico impuesto por la dictadura.”

Cárceles y multas

La tercera suspensión del periódico en 1891 estuvo acompañada por la prisión de su director. El gobernador de Antioquia, Abraham García, apresó al director Fidel Cano, durante casi un año, sin que autoridad alguna explicara las razones de la detención. Al final, en nombre del vicepresidente de la República le notificaron a don Fidel que “por un acto de indulgencia volvía a la condición de hombre libre.” Entonces el periodista escribió: “indulgencia es facilidad para perdonar, y perdón no se otorga sino a los culpados; luego yo cargo con una culpa –enorme, sin duda, pues a pesar de haberla expiado ya, larga y duramente, se necesita que el jefe de la nación se arme de indulgencia suma para remitírmela- ¡y a fuerza de magnanimidad el gobierno me la remite, en efecto! Pues bien: si él insiste en acusarme con su mismo perdón, yo insisto en defenderme; y así como ayer pregunté qué se me castiga, pregunto hoy qué se me perdona.”

Además de la prisión sin explicaciones, se intentó la asfixia económica contra El Espectador a través de multas y de castigos tributarios que resultaban devastadores en una empresa para la que las ganancias no eran una prioridad.. Cuando El Espectador dejó de circular como vespertino, a pesar de que no tenía competencia en el mercado y sus ganancias eran apreciables, el director explicó que “ un diario de la tarde puede producir dinero, pero no produce opinión.” Fue un periódico que nació pobre “ con máquinas y tipos de tercera y hasta de quinta mano, tomados aquí y allá de entre los desechos que aportaban, por inservibles, otras imprentas,” contaba don Gabriel Cano quien recordaba aquellos chibaletes de madera, las fuentes de 12,10, 8 y 6 puntos y la prensa Washington de mano que podía hacer entre 100 y 200 tiros por hora, según fuera el estado físico del operador. El periódico que se imprimía en esas condiciones “salía a cualquier hora, cuando lo dejaban salir los esbirros del régimen, o cuando su abnegado editor lograba reunir fondos para pagar el papel y los obreros.” Es fácil entender, al menos así lo tuvieron en cuenta los enemigos del periódico que desde el gobierno querían silenciarlo, lo que representaba para este periódico económicamente vulnerable, un asedio a su desabastecida caja. Que fue lo que hizo en 1892 el ministro de gobierno, Antonio B. Cuervo, al multarlo por considerar que una nota del periódico era subversiva:” impuse a usted una multa de 200 pesos por considerar subversivo dicho escrito. Dios guarde a usted,” notificó  el ministro. “Puede su señoría disponer del dinero que ha resuelto exigirme forzosamente. Dios me guarde de usted,” respondió don Fidel.  

Ante el ataque, la ayuda

En adelante, los enemigos del periódico dispararían contra la caja de El Espectador, como si ahí estuviera su talón de Aquiles. La crisis de los años 30, que a tantas empresas dejó en la ruina, golpeó fuertemente la frágil economía del periódico, que pudo sobrevivir merced a la ayuda del doctor Eduardo Santos, director del diario El Tiempo. Recuerda don Gabriel Cano que Santos “acudió en ayuda del moribundo  y lo salvó de la total ausencia al abrirle, en condiciones liberalísimas, las puertas de los talleres de El Tiempo para que pudiera editarse allí  con menos estrecheces y dificultades.”

Sabía bien lo que hacía, en consecuencia, la Oficina de Información y Prensa de la dictadura del general Rojas Pinilla cuando le impuso al periódico, el 20 de diciembre de 1955, una multa de diez mil pesos, que el periódico pagó de inmediato, aunque advirtió en su editorial “El Tesoro del Pirata”: “ ya ha llegado el ataque por el sistema típicamente estratégico de minar la base económica de las empresas periodísticas independientes.” Esa base había sido  atacada en forma brutal dos años antes cuando, bajo el régimen conservador, las oficinas y talleres de El Tiempo y de El Espectador fueron reducidas a cenizas, sin que los cuerpos de seguridad del Estado intentaran cumplir con su deber de defender los bienes  de los ciudadanos. En esa oportunidad el periódico pidió a un juez ordenar una inspección ocular de los daños y un avalúo de las pérdidas que, según los peritos actuarios, ascendieron a 1.721.070 pesos.  

Multa de  una dictadura

Cuando en 1959 la dictadura atacó de nuevo con una sanción de 600 mil pesos, por presuntas inexactitudes en las declaraciones de renta, el periódico pagó la multa pero al mismo tiempo quiso explicar a la opinión pública su posición, en un editorial titulado: La Isla del Tesoro, en que mostraba lo que se escondía detrás de esa multa. Cuando los censores oficiales determinaron que el editorial no se publicaría, el periódico notificó que si no se le permitía ejercer su derecho de defensa, dejaría de circular por tiempo indefinido. Y así sucedió.

El editorial daba cuenta del monto de las pérdidas que había ocasionado el ataque a sus instalaciones con la advertencia: “jamás pensamos cobrar ni recibir del Tesoro Público un solo centavo...entendemos que el Tesoro Nacional es, o debe ser, el de todos los colombianos y no creemos tener el derecho de mermarlo por culpas que solo son de sus custodios accidentales.” Y concluía: “ no deja de resultar sarcástico que ahora aparezcamos las víctimas no indemnizadas y no indemnizables, como los defraudadores castigados del erario.” El periódico se había señalado, como condición para volver a circular, la publicación de ese editorial, sin recortes. Y a las personas amigas, entre ellos los jefes liberales Alfonso López Pumarejo y Alberto Lleras Camargo, que le pidieron al director revocar su determinación de suspender el periódico, éste les respondió: “El Espectador no volverá a aparecer sino cuando pueda publicar, sin el más mínimo recorte, su memorial de defensa, dentro de un mes, dentro de un año, o dentro de un siglo.”

A pesar de todo El Espectador llegó a  contarse como “una de las tres empresas periodísticas mejor organizadas y más económicamente capaces del país”. Las otras dos eran el diario El Tiempo, de Bogotá, y El Colombiano, de Medellín. Otros nuevos enemigos se encargarían de poner a prueba esa solidez económica.

En la mira de corruptos y narcos

En 1982 el periódico había culminado una investigación sobre la manipulación de acciones en el Grupo Grancolombiano, que era uno de sus más fuertes anunciadores. Cuando los artículos de denuncia comenzaron a aparecer y no valieron los reclamos y presiones de la agencia, el grupo financiero retiró su pauta publicitaria. El  periódico mantuvo  sus denuncias y su atención puesta sobre el tema hasta que el presidente del Grupo fue procesado y encarcelado. Para el periódico fue un costoso servicio de información ofrecido a sus lectores.

Aún no se había repuesto de las pérdidas que le había traído esa batalla, cuando comenzó otra, ésta más larga y dolorosa: la denuncia persistente contra el narcotráfico, que dejó un sangriento saldo de atentados; el mayor de ellos fue la  explosión de un camión bomba al pie de las instalaciones del periódico. Esa vez el edificio quedó en ruinas y setenta y tres personas quedaron heridas, pero la edición del día siguiente apareció con un contundente titular de primera página: “Seguimos Adelante.”

Más doloroso fue el saldo de muertos que dejó esta guerra. En este lapso los funerales se sucedieron como una trágica rutina: Héctor Giraldo Gálvez, columnista y abogado del periódico, Julio Daniel Chaparro y Jorge Torres, reportero y fotógrafo, víctimas de los paramilitares; Roberto Camacho, corresponsal en Leticia, y el propio director, Guillermo Cano, asesinado el 17 de diciembre de 1986, al frente de las instalaciones del periódico.

El asedio final

Este largo recuento era necesario para mostrar que en más de un siglo de historia, a El Espectador no lo pudieron silenciar ni los gobiernos autoritarios, ni los baculazos episcopales, ni los cierres ordenados por gobernadores, presidentes o dictadores militares, ni la destrucción de su sede en dos ocasiones, ni el asedio económico  de multas y sanciones tributarias, ni las bombas y metralletas de los sicarios del narcotráfico, ni el retiro masivo de pautas publicitarias. En todos esos casos, con maquinaria propia, o en talleres prestados, como semanario, como mensuario, como vespertino o como diario, el periódico nunca calló. Lo más parecido a un silenciamiento llegó el pasado dos de septiembre cuando anunció que dejaría de ser diario para convertirse en semanario. La opinión pública colombiana miró esta decisión como el  preanuncio de un colapso definitivo para el viejo periódico de 114 años, cuando había pasado a ser propiedad del grupo económico más poderoso del país. Lo que no había sucedido en una procelosa historia de persecuciones de toda clase, vino a ocurrir cuando una junta directiva, calculadora en mano, decidió que el periódico no era viable económicamente.

A las diez personas reunidas en Valores Bavaria, el 28 de agosto pasado, les presentaron tres posibilidades ante el hecho contable de una pérdida mensual de 1.500 millones de pesos: o el cierre definitivo del periódico, después de 114 años de existencia; o su reducción a una edición semanal, que haría descender las pérdidas mensuales a 350 millones de pesos; o una inyección de 50 millones de dólares. Esta opción fue descartada de plano, tras una pérdida acumulada en los últimos tres años y 8 meses, de 79 millones de dólares. La propuesta de cerrar implicaba una responsabilidad histórica que los presentes no se atrevieron a asumir por lo que, muy a la colombiana, se escogió la vía media de la edición semanal.

Ataques físicos con atentados

El Espectador había comenzado a morir años antes, cuando sus enemigos lo sitiaron económicamente negándole publicidad y pretendieron destruirlo físicamente con atentados. Una acumulación de deudas de 24 mil millones había impuesto en 1996 una reestructuración que redujo la planta de personal de 1.402 empleados a 669 y planteó la necesidad de atraer inversionistas. Finalmente el Grupo Santo Domingo compró el periódico por 20 millones de dólares, asumió sus pasivos, nombró nuevo director y reemplazó a los miembros de la familia Cano que hasta entonces habían estado en la dirección y control del periódico . Entonces comenzó la que puede ser la agonía definitiva del viejo diario.

El día en que se anunció que El Espectador desaparecería como diario, su último director, Carlos Lleras de la Fuente, explicó que los anunciantes habían retirado el 51 por ciento de la publicidad, como efecto de la crisis económica del país. Antes, por la misma razón, habían desaparecido dos importantes periódicos regionales: Occidente, de Cali, y Diario del Caribe, de Barranquilla, y en Bogotá el diario La Prensa. Pero, casi simultáneamente, con la agonía financiera de El Espectador estaban viviendo sus últimos días los noticieros de televisión de los canales públicos, aquejados por el mismo mal: el recorte drástico de la publicidad, que también obligó, aun a los medios más sólidos como empresas, a declarar una alerta amarilla.

Esta crisis generalizada, que amenaza el derecho ciudadano a la información libre y que, por tanto, afecta la solidez de la democracia, está dejando al descubierto las debilidades y fallas de la estructura de los periódicos en este comienzo del nuevo siglo.

Medios y Grupos económicos

Que El Espectador haya muerto como diario, en manos del grupo económico más poderoso del país, es un hecho rico en significados. La práctica corriente en el mundo de las alianzas entre poderosos grupos, como la de Time y Uol, ha dinamizado la economía, pero le ha creado serios dilemas a la libertad de prensa. Los directores de Time expresaron en un inusual editorial dirigido a los lectores que, a pesar de la fusión,  su libertad no había estado ni estaría en venta.

Los dos más poderosos grupos económicos colombianos han incorporado a sus activos importantes medios de comunicación que, inevitablemente, han visto en riesgo su independencia. De hecho, esos grupos no le dieron importancia a los medios de comunicación como generadores de riqueza. Comparada su productividad con la de otras empresas de estos grupos, los medios resultaban de segunda importancia; pero si su poder económico no era una prioridad, sí lo era su poder político y social. El primer director de El Espectador nombrado por el Grupo Santo Domingo, solo duró mientras no se presentaron las tensiones que provocó el cubrimiento político del periódico. Según los nuevos dueños, El Espectador  debía apoyar incondicionalmente al candidato liberal para las elecciones presidenciales  de 1998. Cuando resultó elegido el candidato conservador, la orden fue apoyarlo, ductilidad política e incondicionalidad que el director no aceptó. Fue reemplazado por un viejo amigo de la familia Santo Domingo. El derecho de la sociedad a recibir una información libre desaparece cuando los medios de comunicación se concentran en pocas manos y pasan a ser activos políticos y sociales de los poderosos.

Esta realidad, aunque no fuera percibida en detalle, sí fue captada por la opinión pública que, al ver desaparecer del escenario de El Espectador, a la familia Cano, entendió que con ellos se iba la credibilidad del periódico. Entre una familia que a través de tres generaciones había librado intensas y bravas batallas de independencia y un fabricante de cervezas, empresario de aviones y de otros negocios, la diferencia fundamental era esa: estos tenían dinero pero no credibilidad. Cuando una empresa periodística queda en manos  de un grupo económico es posible que se salve como negocio, es casi imposible que sobreviva como periódico creíble. En el caso de El Espectador no pasó ni lo uno, ni lo otro.

Medios y Publicidad

Si El Espectador dejó de ser diario, entre otras razones, por la caída de las pautas de publicidad; si otros diarios y los noticieros de televisión han desaparecido por la misma razón, es forzoso revisar la relación publicidad-medios. En la vida de El Espectador, cuando el cerco económico no procedió del gobierno, provino de los anunciantes. La alcaldía de Bogotá tomó represalias de esa naturaleza cuando el periódico denunció las fallas de un costoso proyecto de vía circunvalar; lo mismo hizo el banquero Jaime Michelsen cuando el periódico dejó al descubierto la manipulación de acciones en el Grupo Grancolombiano; pero todas estas fueron crisis sorteadas por el diario. La situación creada en la actualidad es otra: la dependencia de los medios respecto de sus anunciantes ha llegado a ser de tal naturaleza que en las manos del dueño de los avisos está la vida o la muerte de la información libre. Aunque se trata de una relación antigua, en la que anunciantes y medios habían llegado a una cohabitación sin conflictos insolubles, los términos en que se plantea hoy esa relación han llegado a ser amenazantes para la democracia. En efecto, tal como están las cosas, para que una sociedad tenga información libre, debe contar con la anuencia de los anunciantes.

Anteriores conflictos, originados por la pretensión de los anunciadores colombianos de influir en los contenidos de la información, hasta el punto de querer determinar lo moral y lo inmoral, lo democrático y lo no democrático, lo institucional y lo no institucional, habían encendido luces de alarma en los medios colombianos; la desaparición de El Espectador agudiza los problemas de esa relación que, mientras fue de mutua colaboración sirvió a periodistas y anunciantes; pero cuando se convierte en dependencia, degenera en amenaza. A esto equivale una situación en la que la información libre depende de las políticas publicitarias de las empresas. Tradicionalmente se ha entendido que una prensa que depende de la publicidad oficial para sobrevivir, deja la información libre en manos de los gobernantes, que es tanto como darles a los gatos la vigilancia de la despensa ; en cambio no ha sido tan claro para los dueños de periódicos  que entregar ese poder a los empresarios privados es aún más dañino para la democracia. El antecedente colombiano de la muerte casi simultánea de varios medios periodísticos, asfixiados por el recorte de la publicidad que se origina en la empresa privada, es un argumento para pensar que la batalla por la libertad de prensa ya no se libra en las dependencias gubernamentales, ni contra leyes de censura, sino en las oficinas de los agentes de publicidad.

En la búsqueda de soluciones a esta situación, ha sido necesario regresar a los tiempos en que los periódicos sobrevivían a los asedios económicos a golpes de austeridad. Tal vez allí está la fórmula que hoy buscan los directores de medios: la reducción de la dependencia de la publicidad. La supervivencia de medios de información libres siempre ha tenido una relación estrecha con la capacidad para eliminar dependencias. Quizás ha llegado el momento de examinar una dependencia que le está costando demasiado a los medios y a la sociedad democrática, la de la tecnología.

Medios y tecnología

Contaba Gabriel Cano que fue El Espectador el primer periódico colombiano que trajo la tipografía en caliente y agregaba: “desde entonces El Espectador, cuando lo han permitido sus recursos económicos, jamás ha estado atrás en los adelantos editoriales.” Dos meses antes de su desaparición como diario, el director de El Espectador sorprendió con el pomposo lanzamiento  de los nuevos productos editoriales del periódico, en los que se destacaba la aplicación de la mejor y más novedosa tecnología editorial. Entre el momento descrito por don Gabriel y el canto de cisne del relanzamiento del periódico, los conceptos dieron un salto mortal.

Entre aquella tecnología elemental, que se actualizaba “cuando lo permitían los recursos” y el despliegue de tecnología, más publicitario que periodístico, se produjo un desvío que, a menudo, se encuentra en el origen de mortales equivocaciones en los medios. Estos parecen convencidos de la necesidad de  incorporar tecnologías de punta, no para establecer una más productiva comunicación con sus lectores, sino para competir entre ellos, y como resultado  del triunfo en la competencia, llevarse la mayor tajada del ponqué publicitario. Lo que inicialmente se había mirado como un medio, ha resultado convertido en un fin.

Se puede medir el impacto negativo de este trastrueque de prioridades si se piensa que la tecnología de las comunicaciones, con su constante desarrollo y la obsolescencia consiguiente de todos los productos, impuso una constante renovación de equipos costosos que sólo pueden obtenerse con la ayuda de financiaciones que recortan, cada vez más, la independencia de los medios comprometidos en la absurda carrera. Han sido pocos los que se han detenido a pensar sobre las prioridades fundamentales: ¿a qué apostarle: a la libertad o a la tecnología? Porque es evidente que las dos difícilmente se pueden tener. En un reciente taller de ética con periodistas peruanos, una discusión sobre el tema concluyó en un apoyo casi unánime a la proposición: “ se puede prescindir de la tecnología, pero no de la libertad.”

La desaparición del diario El Espectador bajo el peso de deudas que, entre otras, había dejado la devoción por las tecnologías de punta, acentúa la convicción de que la tecnología está generando costos inaceptables en términos de libertad.

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