Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

Desde que el gobierno colombiano se levantó de la mesa de conversaciones de paz, de Tlaxcala (México) en 1982, hasta que se rompieron los diálogos en el Caguán en 1999, hubo 350 mil muertes atribuidas a la violencia guerrillera; levantada la mesa de conversaciones del Caguán el 13 de febrero de 2002, hay quien calcula que habrá un millón de muertos antes de un próximo diálogo. El reciente anuncio presidencial sobre el fin del proceso de paz del gobierno con la guerrilla de las FARC fue inesperado, pero a nadie lo tomó por sorpresa.

El monótono ciclo

Durante los últimos años el ciclo se ha repetido con una sangrienta monotonía. Guillermo León Valencia ( 1962-1966) se llamó a sí mismo Presidente de la Paz, en la euforia de los comienzos del Frente Nacional, un mecanismo adoptado por los partidos liberal y conservador para eliminar la violencia partidista, pero al final de su gobierno entregó a su país con nuevos amagos de guerra. El presidente Belisario Betancur (1982-1986) avanzó más que ningún otro presidente: logró un cese del fuego con los grupos guerrilleros; con las FARC, con el M-19, con el EPL, con la Autodefensa Obrera y con una parte del ELN, a pesar de la reticencia de los partidos, de los jueces, de los medios y de la Iglesia, que contemplaron los toros desde la barrera o que, como el ejército, estuvieron en contra del proceso. Sin embargo logró acuerdos con las FARC, de condenación del secuestro, de la extorsión del terrorismo en todas sus formas lo mismo que del chantaje, del boleteo, del narcotráfico, del atentado personal, de la desaparición de personas, de la tortura o del reclutamiento de adeptos. Pero, al finalizar su gobierno, la guerra había ardido a doscientos metros de la casa presidencial. Bajo el gobierno del presidente Cesar Gaviria (1990-1994) hubo un nuevo intento de dialogar con la guerrilla en Caracas y en Tlaxcala, hasta que el gobierno se levantó de la mesa indignado por el asesinato de un exministro y, mal aconsejado por las Fuerzas Armadas, pretendió liquidar el conflicto con un bombardeo a la sede del alto mando de las FARC. El país pagó caro el error presidencial y el mal cálculo militar, con una campaña de terrorismo generalizado.

El costo creciente

Esa incapacidad para resolver los problemas del país con instrumentos políticos ha tenido un alto costo. Hace cuarenta años las reclamaciones del grupo de autodefensa campesina organizado por Manuel Marulanda se hubieran podido resolver con una inversión de 5 millones de pesos (2.500 dólares) porque se reducían a la construcción de un camino de herradura para sacar al mercado sus productos agrícolas, de un centro de acopio y de una escuela; demandas que, por otra parte, era deber del gobierno atender. En vez de hacerlo así, con asesoría militar de Estados Unidos, el gobierno adelantó un espectacular desembarco de tropas para aniquilar lo que llamó, un foco de subversión comunista. Hoy la violencia generada por ese grupo guerrillero está costando el equivalente del 24.7% del Producto Interno Bruto. (PIB) 

Para el grupo guerrillero, en cambio, ha sido un buen negocio la negativa del gobierno de hace 40 años de invertir en ellos cinco millones de pesos. Hoy la subversión es el mejor negocio del país, calculado en 576 millones de dólares anuales, que ingresan en un 41% vía narcotráfico; 28% por robos y extorsiones, y 19% por secuestros. De esos ingresos, 150 millones de dólares se destinan al mantenimiento de más de 60 frentes guerrilleros y 426 millones son ganancia neta.

Aún más grave ha sido el costo en vidas humanas. Se calcula en 77.000 los muertos de la violencia entre 1946 y 1964, después de un período de paz que se extendió entre 1964 y 1985, la violencia guerrillera produjo 200.000 muertos.

La paz fácil

Si los costos son tan altos y la voluntad de paz es tan evidente, como lo sugiere el plebiscito de 10 millones de votos a favor del mandato por la paz, debería ser fácil hacer la paz. Más aún: cuando guerrilla y gobierno estudiaron sus propuestas de agenda para las conversaciones, fue evidente que había más coincidencias que discrepancias. En marzo de 1999 estuvieron de acuerdo: 

1. En buscarle una solución política al conflicto; 

2. En combatir el fenómeno del paramilitarismo;

3. En una participación democrática en las decisiones que, según el gobierno, tendría la forma de un plebiscito para ratificar cuanto se llegare a pactar con la guerrilla; 

4. En las dos agendas se proponía una reforma de la estructura económica y social para obtener un desarrollo y modernización con justicia social; 

5. Proponían reforma agraria con democratización de los créditos; 

6. Coincidieron en la protección del medio ambiente en la explotación de los recursos naturales; 

Y al proponer un desarrollo alternativo y sustitución de cultivos, el gobierno dio un paso adelante en los proyectos sobre producción, comercialización y consumo de droga.

Pero estas agendas no llegaron a estudiarse en tres años y medio de conversaciones. Siempre interfirió algún hecho o alguna discusión sobre asuntos de procedimiento que ocasionaron suspensiones, enfriamientos del proceso, crisis en las que aparecía la amenaza de rompimiento, sin que las conversaciones alcanzaran logros importantes. Uno de los momentos que hicieron concebir mayores esperanzas fue el de la liberación de un grupo de militares y policías que las FARC habían retenido en combate, y la liberación, a cambio, de un grupo de guerrilleros presos y presuntamente enfermos. Fue un hecho aislado que poco o nada significó en las negociaciones.

Cuando se hizo el último intento para discutir una tregua que permitiera continuar las conversaciones sin la interferencia de las acciones de guerra, la guerrilla puso una condición: la creación de un subsidio para desempleados que, de garantizar el silencio de los fusiles, habría sido un costo bajo. En efecto, los cinco billones de pesos que costaba ese subsidio resultaba una cifra menor frente a los 14 billones que en los tres últimos años le ha costado la guerra al gobierno. Pero el asunto no era tan simple. De hecho, destinar cinco billones a los desempleados no garantizaba ni una solución al desempleo, debido en gran parte a la guerra, ni el final de la guerra.

Los obstáculos

Más allá de los acuerdos o desacuerdos sobre una agenda de reformas que el Estado colombiano requiere, y que no son otra cosa que el acumulado que a través de casi dos siglos de historia independiente han dejado decenas de guerras civiles mal resueltas, están unos elementos que deberán removerse para una definitiva gestión de paz:

1. La voluntad del gobierno y de la clase dirigente de obtener una paz a bajo costo. Los estudios políticos, económicos y sociales coinciden en señalar que el diseño y ejecución de un proyecto de sociedad justa, tendrá que eliminar viejos privilegios, lograr costosas restituciones ( cada guerra ha generado desplazados y nuevos propietarios de las tierras de esos desplazados), una reestructuración de las instituciones políticas y un desmonte radical de los mecanismos creados por la corrupción.

2. La degradación de los objetivos de la guerrilla que, de ser un movimiento con ideales políticos, ha llegado a ser un negocio rentable de mano del narcotráfico. La guerrilla parece aferrada a sus fusiles por dos razones: porque es un buen negocio y porque cree que podrá llegar al poder, a todo el poder, con las armas.

3. La suma de los dos elementos anteriores ha dado por resultado el crecimiento silencioso pero contundente de la pobreza y la miseria. En los años 80 el diez por ciento más rico de la población ganaba cuarenta veces más que el 10 por ciento más pobre; hoy ganan 60 veces más. La guerra no ha impedido que los ricos sean más ricos y que los pobres se empobrezcan más. Por el contrario, la guerra ha parecido favorecer los dos excesos. Hoy 24 millones de colombianos sobreviven con dos dólares de ingreso al día, y dentro de esos 24 millones hay ocho millones que realizan la proeza de sobrevivir con un dólar. Los menesteres de la guerra parecen haber embargado la atención de población y gobernantes hasta el punto de darle a este fenómeno la categoría de problema secundario. Sin embargo, es la expresión más clara del mal que convierte a Colombia en un escenario de muerte y a su sociedad le da la condición de enfermo grave. Cualquier solución será incompleta si el de los pobres y miserables sigue siendo un problema sin solución.
   

Un problema de comunicación

Cuando el pasado 20 de enero, con la presencia de embajadores y del representante del Secretario General de las Naciones Unidas, se firmó un acuerdo que le daba un nuevo aire al proceso de paz, el gobierno, la comunidad internacional y el pueblo colombiano entendieron que comenzaba un período de deliberaciones para llegar a un cese el fuego previo a conversaciones sobre la agenda de paz. Sin embargo, desde el momento mismo de la firma del acuerdo comenzó una escalada terrorista de tales proporciones que hizo pensar que la guerrilla había engañado a sus interlocutores; pero no era sino la repetición de un fenómeno de incomunicación. Durante todo el proceso, gobierno y guerrilla han hablado dos lenguajes diferentes.

Mientras el gobierno decía, por ejemplo, "zona de distensión" y entendía por tal a un territorio desmilitarizado y en condiciones para hablar de paz, la guerrilla estaba entendiendo: zona de rearme, de entrenamiento, de cultivos de coca y amapola y de prisión para secuestrados.

Lo que el gobierno llamó extorsión, para la guerrilla era impuesto de guerra; y lo que el gobierno llamaba secuestro, la guerrilla lo entendía como una retención para presionar una ayuda para la guerra. Después de golpes guerrilleros exitosos, como la toma de la base militar de Las Delicias, los militares que quedaron en poder de la guerrilla se llamaron secuestrados, en el lenguaje del gobierno, y prisioneros de guerra para el grupo subversivo. Estas diferencias de lenguaje fueron algo más que un problema semántico; eran la expresión de una incomunicación mayor, en los hechos: el día en que se iba a anunciar al mundo, representado en el cuerpo diplomático presente en San Vicente del Caguán, el comienzo de las conversaciones, el presidente Pastrana debió hacerlo frente a la silla vacía del comandante de las FARC que explicó su ausencia por razones de seguridad.. A pesar de lo evidente, esa incomunicación se mantuvo y en los momentos más críticos se utilizaron mecanismos de interlocución: en dos veces el presidente Pastrana y el comandante de las FARC, Manuel Marulanda, sostuvieron encuentros personales, privados, que parecieron restablecer la comunicación; en la última crisis se utilizó intérprete, es decir, la tarea de facilitación del delegado del Secretario General de las Naciones Unidas; pero aun con esas ayudas la comunicación nunca superó sus crisis porque su instrumento fundamental, la palabra, había fallado desde el principio.

Consecuencia de ese dramático desencuentro en las palabras fue la progresiva pérdida de confianza entre las partes. Si la confianza es condición y resultado a la vez de una buena comunicación, los hechos demuestran que intervinieron factores poderosos para fortalecer la desconfianza.

     A.- La contrainformación y la desinformación de las Fuerzas Armadas que, aunque formalmente alineadas con la política de paz de su comandante, el Presidente de la República, nunca dejaron de utilizar los medios de comunicación para minar la confianza en las conversaciones y en el grupo guerrillero. Mientras el gobierno les reconocía el status político necesario para ser sus interlocutores, la información originada en las Fuerzas Armadas los calificaba de narco-guerrilleros, bandidos y bandoleros.

     B.- La información pública de los medios de comunicación. En los abundantes análisis sobre el comportamiento de los medios de comunicación en el conflicto se destacan:

1. La trivialización: la noticia de guerra y paz ha tenido un tratamiento casi igual al de las otras noticias, es decir: superficialidad, desconocimiento del tema, sensacionalismo y manejo como mercancía. Anotaba el diario El Tiempo, de Bogotá (15-04-01) en un severo editorial: "todos -prensa, radio y televisión- hemos fallado en el desafío periodístico que significa cubrir con la debida seriedad y madurez el proceso de guerra y paz que vive el país."

2. La radicalización de los medios, reflejo de la polarización de todo el país estimulada por el miedo, la indignación y la pérdida de esperanza. En alguna ocasión se habló de una guerra trasplantada a las redacciones, hecho que de alguna manera detectó el Observatorio de Medios de un diplomado para periodistas, promovido y organizado por Medios para la Paz, una organización de periodistas, que opera en Bogotá. Al analizar los trabajos difundidos en sus medios por los periodistas asistentes, una de las fallas más frecuentes fue la falta de equilibrio en textos basados en una sola fuente del ejército o de la policía. Esto ha dado lugar a informaciones que en vez de hacer comprender, ha inducido al público a tomar partido.

3. El abandono por parte de los medios de una intencionalidad expresa de rescatar y fortalecer la esperanza colectiva en medio de la confrontación. Los especialistas en procesos de paz advierten que son imposibles esos procesos si no cuentan con el apoyo de la opinión pública. Es decir, que el respaldo de una población con esperanza es definitivo para cualquier gestión de paz. Los medios sólo parecen haberse dado cuenta de la necesidad de esa tarea cuando comprobaron que en los dos últimos meses, los más de diez millones que demandaban la paz, se convirtieron en una mayoría que ve en la guerra la dura ley que les permitirá llegar a la paz. Es una mayoría que perdió la esperanza a golpes de violencia y de incomunicación.

La crisis del lenguaje entre gobernantes y guerrillas, la palabra convertida en instrumento de guerra para el ejército y la guerrilla, la inconsciencia de los medios de comunicación sobre el poder de las palabras, son elementos que, sumados, ponen en evidencia que, detrás de la crisis colombiana, hay un profundo y múltiple problema de comunicación.

Las salidas

Así como los colombianos un día votaron caudalosamente para apoyar el proceso de paz, hoy parecen dispuestos a respaldar un gobierno de mano dura, que emprenda la ofensiva contra la guerrilla.

En efecto, la fe del país estuvo puesta en las soluciones políticas hasta el punto de que el tema dominante en todas las campañas electorales de los últimos 22 años ha sido el de la paz. Los candidatos a la presidencia han llegado al poder con la promesa de hacer de la paz un propósito central y de la negociación política, un instrumento de trabajo. Pero los resultados han sido precarios: la guerrilla se ha fortalecido, su campo de operaciones, que inicialmente fueron los desprotegidos territorios de colonización, hoy se ha extendido hasta las ciudades. Las autoridades han detectado la presencia de las milicias bolivarianas --la versión urbana de la guerrilla- en barrios de Bogotá, y en Medellín cuentan con un poderío tal que hay barrios de donde la gente emigra en condición de desplazados, o por amenazas o aterrorizados por los combates entre milicianos y paramilitares, sin que las autoridades hayan encontrado una respuesta eficaz para proteger a los civiles.

Hastiados e irritados ante la inoperancia de los mecanismos políticos para lograr la paz, cada vez más colombianos ponen su fe en la solución militar. Durante muchos años se alegó como un axioma que en Colombia ni la guerrilla derrotará a los militares, ni estos podrán doblegar a la guerrilla. Hoy se cree menos en esa afirmación y crece el convencimiento de que el aumento de la inversión en armas, la intensificación y mejora cualitativa de la formación de los militares y el apoyo de la opinión pública, podrán romper ese empate, a favor de las fuerzas armadas y desarticular el poder militar de la guerrilla. Los anuncios del candidato Alvaro Uribe, con arrolladora mayoría en las encuestas, interpretan esa voluntad guerrera que parece más dictada por la rabia y por el miedo, que por un frío razonamiento.

En cambio, obedece a una fría determinación la tercera alternativa, que es la que ofrecen las poblaciones que han decidido hacerle frente a la guerrilla, sin armas. Son poblaciones que, resueltas a actuar en vez de padecer resignadamente, han salido unidas a expresar su rechazo cuando la guerrilla intenta tomarse el cuartel de policía y destruir sus instalaciones y viviendas. En Navidad una población entera salió cantando villancicos cuando empezó la ofensiva de la guerrilla; una población cafetera que sacaba su cosecha, acompañó con banderas blancas y canciones la caravana durante todo el recorrido; en otra, los pobladores hicieron una cadena humana alrededor del cuartel de policía cuando la guerrilla avanzaba para destruirlo. Es un movimiento de resistencia civil contra una guerrilla que permitió que su acción se degradara hasta utilizar su guerra, no para construir un nuevo país, sino para destruirlo.

Entre esas tres opciones, la política, la armada y la de resistencia civil, se está jugando Colombia su presente y su futuro.