Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

Sin duda las prácticas de corrupción más peligrosas y desestabilizadoras para los países de la región han sido las alentadas desde los más altos centros del poder, especialmente cuando han sido los máximos gobernantes los principales promotores, gestores o encubridores de tales prácticas. La historia reciente de América Latina da testimonio de la anterior aseveración. 
Veamos solo algunos casos:

Arnoldo Alemán, ex-presidente de Nicaragua y actualmente presidente de la Asamblea Nacional de ese país. Son muchas las acusaciones de corrupción contra él. La más reciente, presentada en agosto de 2002 por la Procuraduría ante los tribunales de Managua, estima una defraudación en perjuicio del Estado por cerca de 100 millones de dólares. ( DPA). Acusado de fraude por $100 millones. Abren juicio contra Alemán. 09 de agosto de 2002

Alfonso Portillo, presidente de Guatemala. Entre otros casos, en marzo 2002, Portillo y su vice presidente, junto a otros dos altos funcionarios del Ejecutivo, fueron implicados en la apertura de 13 cuentas bancarias y 4 empresas "de cartón", en Panamá, que según versiones periodísticas, utilizaron para transferir fondos de dudosa procedencia.

Luis González Macchi. Presidente de Paraguay. Fue acusado en abril de 2002 por la Fiscalía de haber sido quien incitó un desvío ilegal de 16 millones de dólares pertenecientes a la liquidación de los bancos Unión y Oriental.

Carlos Menem. Ex-presidente de Argentina. Implicado como presunto jefe de una "asociación ilícita" que vendió armas a Ecuador y Croacia. 

Alberto Fujimori. Ex-presidente de Perú. En noviembre 2000 fue destituido por incapacidad moral por el Congreso peruano, después de huir del país y renunciar a la presidencia desde Japón, en medio de masivas protestas. Los sobornos que ejercía su Asesor de Seguridad, Vladimiro Montesinos, han superado cualquier otro antecedente de corrupción en la región.

Claro, hay una cantidad mayor de ejemplos, varios de los cuales han sido identificados en la "Galería de los corruptos latinoamericanos", lanzada por Probidad en abril de 2002. (http://www.probidad.org/regional/recursos/galeria). Estos presidentes o ex-presidentes comparten entre otras características que: la corrupción floreció en sus gobiernos por carecer de controles y por faltas en la aplicación del estado de derecho; se prevalieron del poder que les había sido atribuido y de su inmunidad para obstaculizar las investigaciones en su contra; y mantuvieron o mantienen relaciones muy tensas con los medios independientes con el afán de acallar las críticas o la exposición de la corrupción en que se vieron implicados.

Además de los perjuicios económicos y de impacto social, la corrupción practicada directamente por los gobernantes desmorona los mecanismos institucionales de pesos y contrapesos del Estado. Entes fiscalizadores, tribunales de justicia, comisiones investigadoras parlamentarias y otros mecanismos de control son anulados o atenuados por el poder político concentrado en estos mandatarios o en los partidos a los que representan. 

La desarticulación institucional no solo alcanza a las instituciones gubernamentales. También afecta a los movimientos de la sociedad civil (ONG, gremiales empresariales, iglesias, etc.) que por seducción de la propaganda o a fuerza de intimidación, ven destruidos los espacios para exigir rendiciones de cuentas y hacer denuncias. En condiciones así, las sociedades prácticamente quedan indefensas ante los abusos y arbitrariedades de las autoridades.

La responsabilidad de los periodistas

Es difícil imaginar por ejemplo que el ex-presidente Alemán de Nicaragua se encuentre tan cerca de enfrentar los tribunales, si varios medios nicaragüenses no hubiesen sido tan persistentes en investigar y reportar sus casos de corrupción. Uno de los casos a que los medios dieron más atención es el conocido como "checazos", referente a un millonario desvío de fondos que fueron a parar una parte a una empresa donde eran accionistas Alemán y algunos de sus familiares y funcionarios cercanos, y la otra a una cuenta en el extranjero del Director General de Ingresos, Byron Jerez, ahora en prisión. Medios como La Prensa, El Nuevo Diario y otros no han desistido en exponer la corrupción gubernamental a pesar de las campañas de desprestigio realizadas desde el gobierno, cortes de la publicidad oficial y agresiones físicas y verbales contra periodistas. Aun la Iglesia Católica ha lanzado acusaciones contra los medios, como un pronunciamiento de la Conferencia Episcopal, publicado en mayo de 2002, donde los obispos señalaron que "es preocupante cómo los nicaragüenses nos vemos avasallados diariamente por los títulos sensacionalistas en los diarios y radioperiódicos: las circunstancias actuales están siendo hábilmente dirigidas por los Medios de Comunicación, quienes realizan lo que se llama la 'manipulación dominante'" (http://portal-pfc.org/perseguidos/2002/027.html) . 

En enero de 2002 el Cardenal Miguel Obando Bravo declaró que "ha habido corrupción, pero no en la forma que lo han exagerado algunos medios, porque si lo hacemos en retrospectiva, la cosa sería más seria en el pasado. Ha habido sus fallas, pero hay que reconocer que (el Presidente Arnoldo Alemán) ha hecho obras que no se veían". http://www.portal-pfc.org/libexp/docs/2002/006.html. 

En el caso de Guatemala han habido muchos casos de corrupción durante el período del presidente Portillo, siendo uno de los más sonados el desvío de unos 12 millones de dólares del Ministerio de Gobernación, por el cual está siendo procesado el ex-titular de esa cartera, Byron Barrientos y otros funcionarios. Sin embargo, el mandatario no fue implicado directamente hasta que el diario Siglo XXI publicó en marzo de 2002 una investigación, realizada conjuntamente con La Prensa de Panamá, que puso al descubierto la cuentas y empresas creadas en el extranjero para canalizar millonarias transferencias de fondos, como se mencionó al inicio de este artículo. En este caso, si bien es cierto es muy probable que el Congreso, ente controlado por el partido de Portillo (Frente Guatemalteco Republicano), lo dé por cerrado, la revelación periodística, y la permanente cobertura sobre los casos de corrupción que mantienen otros medios, como Prensa Libre y El Periódico, han alentado el movimiento anticorrupción en ese país que en los últimos meses ha visto la incorporación de nuevos actores, más alianzas y un intenso activismo. Por ejemplo el Movimiento Cívico por Guatemala (MCG) ha realizado numerosas protestas y llevó a cabo una campaña para recoger 500 mil firmas de respaldo a una petición para que Portillo y su vicepresidente renuncien a la inmunidad y se sometan a los tribunales de justicia. - http://www.probidad.org/regional/reconocimientos/cacerolazos.html.

Hay más ejemplos y son numerosos en los países latinoamericanos. Por cada uno de los mandatarios de la región que han sido expuestos y demandados por los abusos que cometieron durante sus gestiones, al revisar el papel desempeñado por la prensa independiente, se puede afirmar que las investigaciones y reportajes periodísticos son un factor de mucha incidencia y en algunos momentos determinantes para frenar la corrupción. 

La corrupción de la alta cúpula en la tarea periodística

Entre otros impactos del trabajo periodístico con relación a los casos de corrupción, se pueden mencionar:

• a) Mantiene el tema de la corrupción en la agenda pública. La percepción de los ciudadanos sobre el problema de la corrupción es influenciado y es proporcional a la relevancia que la prensa le dé al tema. Cuando los medios callan o no tienen interés en exponer el problema, entonces la propaganda oficial comienza a prevalecer y a imponerse, a tal grado que la gente llega a creer que en su país la corrupción no es un problema de importancia. Tal situación ocurrió en buena parte de los períodos de Fujimori en Perú y Menem en Argentina, cuando la popularidad de estos mandatarios era bastante elevada.

• b) Descubre hechos de corrupción que en otra forma quizás nunca serían conocidos. En varios países de la región las principales fuentes de denuncias de casos de corrupción se originan en los medios de comunicación, para luego ser retomadas por las contralorías o fiscalías. Los denunciantes en la mayoría de los casos prefieren acercarse a un periodista que a una ventanilla gubernamental, porque saben que en esta última su caso no tendrá la misma atención y es más fácil que sean víctimas de represalias. De ahí la importancia y necesidad de que la legislación proteja eficazmente el secreto profesional de los periodistas y garantice el libre acceso a los documentos y archivos gubernamentales, otra causa que está tomando gran auge en la región y que afortunadamente esta mostrando avances.

• c) Presiona a las instituciones fiscalizadoras y de justicia para abrir expedientes, y a través de su seguimiento ejerce una función de vigilancia para que los casos sean procesados diligentemente. En esta etapa es donde queda en evidencia otra de las formas de corrupción, quizás mucho más perjudiciales que los mismos casos, como lo es el encubrimiento por parte de auditores, fiscales o jueces, cuando estos buscan favorecer ilegítimamente a los implicados.

• d) La prensa aún no muestra mucho interés o creatividad para presentar las iniciativas anticorrupción (como legislación, creación de oficinas, organización de grupos cívicos, protestas populares, informes de veedurías ciudadanas, activistas perseguidos, etc.). O cuando tratan casos de corrupción, se hace poco para iluminar qué acciones o medidas pueden ser adoptadas para evitar que los abusos o arbitrariedades no vuelvan a repetirse en el futuro. Sin embargo, cuando lo hace es evidente que contribuye a elevar el valor de tales iniciativas y a promover su emulación, a nivel local o internacional. Por ejemplo, la publicación de una foto en La Prensa de Nicaragua donde mostraba a dos manifestantes con una pancarta "Fuera Alemán", dio un importante aliento a la campaña de recolección de firmas del movimiento cívico por la desaforación del ex-mandatario http://www-ni.laprensa.com.ni/archivo/2002/agosto/06 .

• e) Y en otros, es de los mejores ejemplos de fiscalización social.

Hasta donde llegar

Cabe destacar que al hablar del papel de la prensa frente a la corrupción, nos estamos refiriendo a la prensa independiente, es decir, a aquellos medios y periodistas que han adoptado, o intentan hacerlo, una posición distante del poder económico y político y que han asumido como parte íntegra y prioritaria de su agenda informativa la fiscalización de las instituciones y el papel de tribuna pública. Claro, también está la prensa al servicio o que evita ser un estorbo para los grupos de poder, y la prensa politizada, cuyos análisis quedan fuera de los objetivos de este artículo.

El problema de la corrupción en América Latina es sistémico y alentado desde los centros de poder, como en los casos de los mandatarios que hemos visto arriba. En los últimos quince años se han aprobado una cantidad importante de nuevas leyes y se han abierto o se han fortalecido oficinas gubernamentales, entre otras medidas; sin embargo la corrupción sigue siendo rampante y se ha sofisticado. Ahora, cada vez es más frecuente observar que los casos de corrupción implican a personas y operaciones en diferentes países simultáneamente, y su vinculación con el lavado de dinero, y el tráfico de drogas, armas y seres humanos, hace que los controles nacionales resulten ineficaces o inoperantes.

Frente a ese escenario de corrupción, hoy por hoy los actores más consistentes y exitosos combatiéndola son los periodistas con sus investigaciones. Ellos han contribuido a la formación de un público informado y consciente de los costos e impacto de la corrupción, han catalizado la indignación ciudadana y la han conducido a adoptar actitudes y acciones para prevenir y controlar el flagelo.

Sin embargo, los periodistas no pueden suplantar el papel que le corresponde a los fiscales y jueces (ni deben hacerlo), ni tampoco pueden lograr mucho en sociedades que están apáticas o temerosas, como en El Salvador, o excesivamente polarizadas, como ocurre actualmente en Venezuela. Su trabajo tampoco sirve de mucho si la exposición de los casos de corrupción se limita al traslado de denuncias o a la reproducción de informes oficiales, es decir, si los periodistas no cuentan con recursos para sustentar su trabajo en un proceso investigativo y sin las condiciones para darle seguimiento. Además no debe perderse de vista que en América Latina, la mayor parte de agresiones a periodistas y medios son en represalia a sus reportajes sobre casos de corrupción, con la excepción de Colombia y su conflicto armado http://portal-pfc.org/libexp/informes/2001.html , y esto produce un efecto de inhibición y temor.

Por eso es tan importante que funcionarios de gobierno honestos, grupos cívicos, organizaciones de derechos humanos y empresarios, entre otros, reconozcan la enorme relevancia que tienen los periodistas en los esfuerzos para frenar la corrupción, y les den su apoyo, en forma de asistencia, defensa o promoción. Y que los medios o periodistas que aún no definen su compromiso, por falta de conciencia, temor o conflictos de intereses, hagan lo necesario para resolverlos y sumarse a la causa de la anticorrupción.