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 Las regulaciones
Concretamente en Europa, el Libro Blanco “Política Social Europea. Un paso adelante para la Unión”, de la Comisión Europea, del 27 de julio de 1994, secunda estas ideas. Y, en la misma lógica de dichas Normas, promueve el documento “Igualdad de oportunidades de las personas con minusvalías. Una nueva estrategia comunitaria en materia de minusvalía”, resolución adoptada por el Consejo y de los Estados miembros de la U.E., el 20 de diciembre de 1996.
La Resolución considera que el principio de igualdad de oportunidades representa un valor inalienable y es indispensable eliminar la discriminación negativa, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con discapacidades. El texto previene que la responsabilidad en el alcance de estos objetivos corresponde principalmente a cada Estado, pero la C.E. adquiere el firme compromiso de promover la cooperación y fomentar el desarrollo de modelos, políticas y actividades dentro de las instituciones comunitarias. Propone, entonces, que todos sus programas diseñen acciones específicas que aseguren el acceso de los individuos con discapacidades. Sobre la base de este marco político, la Comisión también ha trabajado con organizaciones no gubernamentales.
La iniciativa e-Europa
El 4 de febrero de 2000, la C.E. aprobó el documento “Estrategias para la creación de empleo en la sociedad de la información” que da soporte tanto a la Estrategia Europea para el empleo, como a la iniciativa eEuropa. Dicha proclama aborda específicamente la promoción de oportunidades de empleo para las personas con discapacidades y recomienda a las industrias de la Sociedad de la Información que procuren trabajar en el diseño de equipos de fácil utilización.
El Fondo Social Europeo es la institución que canaliza las ayudas monetarias de la U.E. a las personas discapacitadas. Sus acciones abarcan, desde subsidios salariales para favorecer la adquisición de experiencia laboral, programas de iniciación profesional, iniciativas de empleo protegido temporal o por cuenta propia, hasta el fomento de cooperativas de personas con discapacidades mentales o físicas graves. Y, todo esto, porque el tratado constitutivo de la C.E. (de Amsterdam), firmado el 10 de noviembre de 1997, expresa en su artículo decimotercero que el Consejo europeo puede adoptar medidas que garanticen la lucha contra la discriminación por motivos de discapacidad.
Uno de los aspectos más cuidados por las políticas europeas es la movilidad de los ciudadanos con discapacidades. La U.E. reconoce que los impedimentos motrices dificultan la integración en la vida social y económica y que se deben aportar soluciones financieras y técnicas razonables. Es decir, los problemas de movilidad tienen que ser resueltos, para favorecer a quienes los padecen,sin perjuicio de los derechos del resto de ciudadanos. Así, la C.E. creó programas relacionados con la definición de normas técnicas para medios e infraestructuras de transporte urbano (vehículos de motor, ferroviarios, aéreos y marítimos), vivienda y seguridad.
La accesibilidad
Precisamente, estos aspectos relacionados con la accesibilidad son fundamentales en el ámbito de la Sociedad de la Información. Iniciativas como la Directiva 98/10/CE de 1 de abril de 1998 que insta a los Estados miembros a adoptar medidas de acceso a los servicios públicos de telefonía, la Directiva 99/5/CE de 7 de abril de 1999 que advierte sobre la construcción de aparatos radioeléctricos compatibles con las disfuncionalidades de los usuarios, o los encargos de la C.E. a organismos de normalización para definir las necesidades específicas de personas de edad avanzada y con discapacidades, pretenden firmemente lograr una integración de estos colectivos en la Sociedad de la Información. De hecho, en el V Programa Marco de investigación, vigente hoy, se desarrollan proyectos sobre diseño de interficies persona/sistema que usan la voz como soporte e interficies antropomecánicas.
La existencia de oportunidades, pero también de riesgos y desafíos, llevan al Foro Europeo de Discapacidad a emitir el “Manifiesto europeo sobre la Sociedad de la Información y las personas con discapacidad” (DOC EDF 99/3). La proclama dice que las nuevas tecnologías pueden ofrecer servicios de valor añadido para lograr una integración total. Sin embargo, advierte, deben tomarse precauciones porque de ellas pudieran derivarse barreras difíciles de superar. La información se ha convertido en un requisito social, además de un derecho humano, y ningún ciudadano puede permanecer al margen. Así, el manifiesto es tajante cuando afirma que son los aspectos de la vida social de las personas con discapacidades y no los técnicos o médicos los que deben guiar la concepción de programas. En consecuencia, debe entenderse por Sociedad de la Información a las interrelaciones humanas, no a las de las máquinas. En tal sentido, aboga porque una de las primeras tareas por emprender sea contrarrestar esa imagen de receptores pasivos de las personas con discapacidades que dependen de la buena voluntad de otros ciudadanos. Al igual que todos los seres humanos, quienes sufren de discapacidades, tienen necesidades particulares y es discriminatorio considerarles un grupo homogéneo.
Participación total
En este escenario, el concepto de “participación total” gana fuerza. Las nuevas tecnologías pueden contribuir a aumentar la integración e independencia de los ciudadanos. La participación abarcaría varios niveles:
1.- el individual (el usuario influye configurando servicios en diálogo con los responsables de ofrecerlos);
2.- el de servicios (el usuario también participa en su organización);
3.- el político (el usuario coopera en el marco legal de desarrollo); y,
4.- el social, (el usuario determina sus necesidades y posibilidades).
Las ideas de universalidad y competencia son indispensables para garantizar esta participación. Por universalidad entendemos las capacidades de los usuarios especialistas en la representación de personas con discapacidad que no son como ellos. La competencia comprende las destrezas técnicas de las personas con discapacidades, para aportar sus propias experiencias a los desarrolladores de productos. Es básico, pues, que los Gobiernos aseguren que los usuarios, con alguna discapacidad, adquieran la competencia necesaria para participar y les reconozcan su valía como especialistas.
A pesar de todas las iniciativas europeas descritas, surge una que merece especial atención. El 8 de diciembre de 1999, la C.E. puso en marcha la iniciativa e-Europa bajo el lema: “Una Sociedad de la Información para todos”. Su objetivo global es ambicioso: poner sus posibilidades al alcance de todos los europeos.
e-Europa centra una de sus diez áreas de trabajo específicamente en las necesidades de las personas con discapacidad. Según la iniciativa, las instituciones y los Estados tienen el deber de suscribir programas a favor de la accesibilidad a la Red, por lo que, tanto el diseño, como el contenido de todos los sitios públicos de Internet deben ser creados considerando a las personas con discapacidad. Asimismo, las instituciones deben también fomentar sus vínculos con entes privados en busca de ese acceso generalizado.
Diseño para todos
El principio fundamental de la iniciativa eEuropa es el llamado “diseño para todos”, basado en que de la concienciación de las administraciones públicas surgirán bienes, servicios y tecnologías acomodables a una gama más amplia de usuarios, incluidas personas con discapacidad. Es cierto que el diseño para la mayoría no siempre cubrirá las necesidades de las personas que sufren discapacidades severas. No obstante, con la sensibilización de los diseñadores de contenidos se podría llegar, sin grandes inversiones económicas, a parte de las personas con deficiencias funcionales leves o moderadas. Evidentemente, la proclama advierte que el “diseño para todos” no invalida el compromiso de las administraciones con aquellos que padecen deficiencias severas.
Queda claro que la presencia de información en la Red no garantiza su accesibilidad. Para que la comunicación favorezca la integración y sea efectiva, se deberán tener en cuenta las necesidades de las diferentes personas con discapacidad creando formatos alternativos. Fijémonos, por ejemplo, en algunos de los problemas con los que se pueden encontrar algunos ciudadanos en el acceso a Internet, solucionables mediante la aplicación del “diseño para todos”:
1.- las personas con limitaciones visuales tienen problemas para acceder a las webs con gráficos, animaciones y despligues visuales dinámicos, y que no ofrecen información textual alternativa. Luego, son recomendables versiones susceptibles de ser interpretadas por programas lectores de texto, muchos de ellos gratuitos;
2.- algunas personas con limitaciones físicas tienen problemas para acceder a las pantallas utilizando el ratón. Es necesario, entonces, que se incluyan comandos de desplazamiento con las teclas; y,
3.- las personas con limitaciones de aprendizaje se pierden ante la complejidad de ciertas interficies. Esto se paliaría con mapas textuales que lleven directamente a los enlaces requeridos.
Firmes apuestas
De todo lo anterior se desprende que la U.E. ha realizado firmes apuestas, no siempre interconectadas, para que todos los ciudadanos disfruten de las nuevas tecnologías, por encima de intereses comerciales. Aun así, es paradójico que en un momento en que se proclama que Internet llegue a todos, y cuando se invierte en acciones que agilizan procedimientos administrativos en sitios gubernamentales, todavía existen páginas oficiales, incluso de dependencias de la Unión, que ofrecen varios idiomas pero ninguna versión para personas con discapacidades. El principio del llamado “diseño para todos” fue formulado en 1999 y es hora de que se predique con el ejemplo. Porque la disponibilidad de versiones para individuos con discapacidades o el diseño para la mayoría, aumentaría incluso la sensibilidad del resto de la población que se acercaría a los modos de percibir y vivir de los menos favorecidos. Las administraciones comprometidas con sus ciudadanos deben no solo reconocer, sino impulsar efectivamente el uso de servicios para personas con discapacidades y disponer la información en nuevos formatos tecnológicos (soportes digitales, correo electrónico, comunicaciones por red), que permitan el acceso más rápido, no entrañen necesariamente movilidad, incrementen la autonomía personal y sean más eficaces.
Sin embargo, para garantizar la integración de las personas con disminuciones funcionales a futuro, urge comprender que el manejo de las tecnologías debe ser un objetivo básico en la formación instrumental de niños con discapacidades desde las primeras etapas educativas. Y, convencidos del gran papel que tienen las tecnologías en el área del ocio, creemos que también se deben impulsar, no sólo servicios burocráticos y asistenciales, sino proyectos lúdicos. Todo lo dicho cobra importancia si mantenemos presente que, con la edad, todos adquirimos limitaciones visuales, físicas, de aprendizaje y auditivas. En la misma línea, también creemos que ya es hora de que los informantes, los comunicadores y los estudiosos del área asumamos el compromiso de impulsar una verdadera socialización de los contenidos de los medios, lo cual incluye estudiar y comprender los modos de percepción y comunicación de los funcionalmente menos favorecidos.
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