Han sido más de cuatro años de un polémico contrapunto. En la gran mayoría de sus intervenciones públicas, el presidente Hugo Chávez se reserva un espacio significativo para fustigar el papel de los medios de comunicación, los cuales, no es difícil constatarlo, están alineados con la oposición. En este 2003, el gobierno ha puesto todo su esfuerzo en la aprobación de la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, una especie de colofón a la cadena de críticas y señalamientos de estos años.

La ley, que fue aprobada en primera discusión, y que la mayoría parlamentaria del oficialismo espera votar definitivamente en el primer semestre del año, tiene un total de 150 artículos, 20 de los cuales se agregaron a último momento por legisladores del Movimiento V República (MVR) y que justamente apuntalan el carácter punitivo del instrumento legal.

Chávez, en un acto público el 23 de enero, cuando languidecía el llamado "paro cívico nacional" que pretendía forzar su renuncia, llamó a sus legisladores a hacer valer su mayoría parlamentaria para aprobar esta ley con amplia reglamentación de los contenidos de la televisión y la radio en Venezuela. Todo esto, además, coincide con un polémico momento político, tras iniciarse procesos administrativos oficiales contra los cuatro principales canales del país.

La ley fue introducida ese 23 de enero en la Asamblea Nacional (Parlamento), en la que el chavismo tiene 85 votos sobre un total de 165 diputados. Legisladores de oposición acudieron sin éxito al Tribunal Supremo para impugnar el mecanismo utilizado por el gobierno, de aprobar una ley ordinaria, cuando este proyecto, por normar derechos constitucionales, debía ser orgánica. La cuestión es simple matemática política: una ley ordinaria requiere mayoría simple, una orgánica necesita de una mayoría calificada que hoy no posee el oficialismo.

Una semana antes de este acto político del 23 de enero, en el cual Chávez volvió a criticar duramente a los medios, a los que acusó de "golpistas", el Ministerio de Infraestructura inició procesos administrativos, primero contra los canales RCTV y Globovisión, poco después contra Televen y, finalmente, contra Venevisión. También se vio afectada una estación televisiva regional, pero el discurso presidencial va claramente dirigido contra las cuatro principales empresas de televisión del país, a las que llama "los cuatro jinetes del Apocalipsis".

La mayoría oficialista (83 votos sobre un total de 165 diputados) aprobó en primera discusión, a las 4 de la madrugada del 6 de febrero, la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Esta jugada política, en la que se puso fuera a la oposición por cansancio, dejó en evidencia que no pretendía discutir el proyecto, sino sencillamente aprobarlo. Aunque para la segunda discusión entra en un proceso que puede ser más complejo, de debate y votación de cada artículo, el gobierno ha dejado en claro que este instrumento se aprobará y para ello hará valer su bancada legislativa.

Expertos como Antonio Pasquali, tradicionalmente críticos de los medios privados, creen que es inconveniente "en este momento político" aprobar un instrumento como el que propone el gobierno. El presidente Chávez ha insistido en calificar a la prensa como "enemiga del proceso revolucionario" y por tanto, en tales circunstancias, no podría esperarse tampoco una ley equilibrada del sector gubernamental.

Esta coyuntura no es la más idónea para aprobar una ley, debido a la alta confrontación política existente y donde los medios de comunicación han estado claramente alineados con la oposición. Así, el instrumento legal, una vez puesto en práctica, puede terminar siendo un mecanismo para controlar la radio y la televisión comercial y por tanto restringir el libre flujo del debate político.

Por otra parte, expertos del mundo académico, como Marcelino Bisbal, han precisado que el gobierno pretende que los medios privados asuman su responsabilidad, pero en esa ley no se establecen claramente los deberes oficiales de cara a los entes estatales bajo su jurisdicción, como el Canal 8, Radio Nacional de Venezuela y la Agencia de Noticias Venpres.

La ministra de Comunicación e Información, Nora Uribe, criticó que en el contexto venezolano los medios se dediquen "más a la propaganda política que a la información". Al defender la postura oficial de impulsar la aprobación de la ley, resaltó que "todos tenemos derechos y deberes, nadie puede estar excluido de su responsabilidad. Quien emite el mensaje tiene responsabilidad y el medio por el cual se transmite también la tiene", afirmó Uribe.

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), pese a ser el ente gubernamental a cargo de la supervisión técnica del sector, por decisión oficial preparó la primera versión de la ley. Sin embargo, entre ésa y la que presentaron varios diputados oficialistas, se sumaron 20 artículos adicionales.

Sanciones que contempla el proyecto de ley

En la versión que finalmente entró en el debate parlamentario, según precisó la periodista Taynem Hernández, quien revisó las dos versiones, se incluyeron sanciones adicionales y más severas, y se le dio un tinte político a lo que se suponía que tenía por finalidad preservar la programación y los horarios infantiles. CONATEL había manejado, durante los meses pasados, que la ley básicamente respondía a darle cuerpo a una serie de derechos de los infantes contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Esta dimensión sigue presente, pero el añadido explícitamente político cobró fuerza en la nueva versión.

Entre las sanciones se contempla el cierre hasta por 48 horas para las televisoras y radioemisoras que difundan contenidos que promuevan, apologicen o inciten a la guerra, a las alteraciones del orden público, al delito o que sean contrarios a la seguridad nacional. El proyecto también califica como "infracciones muy graves" la difusión de contenidos que "promuevan, apologicen o inciten al irrespeto a las instituciones y autoridades legítimas" como diputados, magistrados, jefe de Estado, ministros, autoridades electorales o militares. En esta sección se establecen multas absolutamente desproporcionadas, para el contexto venezolano, que podrían sumar hasta 350.000 dólares estadounidenses.

También será castigada, por ser una "infracción muy grave", la difusión de contenidos que inciten a "la violencia o la agresión como una solución fácil o apropiada a los problemas o conflictos humanos". Las sanciones incluyen, tras una serie de castigos progresivos, la revocatoria de la concesión otorgada por el Estado. Una infracción de este tipo sólo puede entenderse en el actual contexto polarizado de Venezuela.

A juicio de juristas, un ordenamiento de este tipo permitiría un nivel de discrecionalidad importante, con lo cual algunos de los puntos podrían ser interpretados subjetivamente por funcionarios o jueces. Un ejemplo de ello lo constituyen las diferentes valoraciones que le podrán dar los funcionarios encargados de monitorear las programaciones a contenidos sexuales en los programas, y en ese sentido también serán los castigos, que tendrán una dosis de subjetividad.

Este proyecto y los procesos abiertos contra los canales parecen ser el punto culminante de un largo debate entre autoridades y medios en Venezuela. El presidente Chávez, salvo excepciones, dedica parte importante de sus discursos públicos a señalar a los medios, llegando a criticar coberturas o políticas editoriales y hasta haciendo comentarios sobre la vida personal de propietarios de los medios.

Por su parte, los empresarios del sector han justificado públicamente su papel opositor en la presente crisis política. Esto se vivió recientemente, cuando grupos y organizaciones de oposición realizaron durante dos meses, a partir del 2 de diciembre de 2002, un "paro cívico", para presionar por una salida anticipada de Chávez del poder. Los canales de televisión suspendieron su programación regular y cedieron de forma gratuita la totalidad de sus espacios comerciales (los avisos fueron suprimidos) a convocatorias o cuñas opositoras.

Punta de lanza

Tras cuatro años del encendido discurso del presidente venezolano Hugo Chávez, el cual ha tenido como uno de sus blancos predilectos a los medios y las coberturas periodísticas, parece haber llegado la hora en que el gobierno dictará sanciones y restricciones, en lo cual la ley jugará un papel importante.

En cuestión de cuatro semanas, las dos últimas de enero y las dos primeras de febrero, el gobierno venezolano puso sobre la mesa acciones en varios frentes: apertura de procesos administrativos, revisión y multas por cuestiones tributarias, y la aprobación de la ley para regular los contenidos en radio y televisión. Estos elementos tienen como complemento las constantes críticas presidenciales hacia el papel de los medios y a los reporteros, camarógrafos y fotógrafos convertidos en blanco de ataques y agresiones, en su mayoría por parte de personas que se identifican con el oficialismo.

El argumento central del gobierno para justificar estas acciones es señalar que los medios no solo son voceros exclusivamente de la oposición, sino que han pasado a ser, en sí mismos, la oposición política. Efectivamente, existen en Venezuela medios y periodistas alineados con la defensa de las posturas opositoras, sin crítica hacia éstos y con un silenciamiento de las voces oficiales. Sin embargo, en un clima democrático de debate y de respeto a la libertad de expresión, resulta contradictorio que justamente se quiera castigar, con distintos mecanismos, opiniones que se consideran críticas o falsas sobre la gestión gubernamental.

El rol de los medios ha quedado en entredicho en dos ocasiones en el último año: en abril de 2002 se produjo un inédito silencio informativo, con lo cual se ocultó una serie de hechos que dieron pie al regreso de Chávez al poder, tras un frustrado golpe de Estado; y en diciembre último, cuando los canales de televisión y muchas emisoras de radio literalmente se plegaron al "paro cívico" convocado por la oposición –que presionaba por la renuncia de Chávez– y modificaron sustancialmente su programación, al tiempo que cedieron sus espacios comerciales exclusivamente a mensajes opositores.

En tanto, de forma incipiente aún, se han venido produciendo debates, intercambios e iniciativas de periodistas e instituciones, en los cuales ha estado en el centro la cuestión de la calidad periodística, de los retos éticos en medio de una crisis política y del papel mediador de los comunicadores, sean empresarios o profesionales, en las sociedades modernas.

El inicio de procesos administrativos ha estado viciado. Se hace desde el Ejecutivo que públicamente ha dicho que los medios son sus enemigos, en tanto el presidente Chávez ha dicho ya que serán castigados "los cuatro jinetes del Apocalipsis", como gusta llamar a los cuatro principales canales de televisión del país: Venevisión, RCTV, Globovisión y Televen.

Autoridades del sector de telecomunicaciones y de la administración tributaria colocaron una multa a Globovisión y pidieron al Colegio de Periodistas información personal sobre los agremiados. Estos hechos, que no tienen precedentes y que son tomados justamente en un momento en que se cuestiona con fuerza a los medios, no pueden entenderse sino en una lógica de retaliación política, aunque tengan un sustento legal.

El conjunto de acciones oficiales van dirigidas, y así lo han hecho saber diferentes voceros, a que los medios modifiquen sus actuales líneas editoriales, identificadas con los intereses de la oposición política. Aun cuando debe insistirse en el debate sobre la pluralidad informativa, la responsabilidad en el manejo de la información y el derecho a ser informados como parte sustancial del derecho a la libertad de expresión, no es a través de decisiones oficiales, de un gobierno que se asume con la verdad absoluta, como podrá lograrse un periodismo de calidad en Venezuela.

Pronunciamiento divulgado en julio

En julio, un grupo de científicos de la comunicación encabezados por Antonio Pasquali divulgó un comentario formal respecto de la legislación que se prepara, sosteniendo que es una propuesta política destinada a ejercer control gubernamental sobre los medios de comunicación, por lo que merece rechazo.

Ese planteamiento, dijeron, se asienta sobre las siguientes consideraciones:

1. Consideración jurídica de control. Vemos con preocupación el conjunto de proyectos de leyes introducidos en la Asamblea Nacional, que de forma directa o indirecta, de manera muy explícita o implícita tratan el tema de los Medios de Comunicación y sus contenidos: Proyecto de Ley de Responsabilidad Social en Radio y TV, Proyecto de Participación Ciudadana, Proyecto de Ley contra el Terrorismo, Proyecto de Ley Orgánica de la Cultura, Proyecto de Reforma del Código Penal. En todos ellos el tema de los medios se hace presente para intervenirlos, regularlos, controlarlos.

2. Consideración política. La propuesta de la Ley de responsabilidad Social en Radio y Televisión o Ley de Contenidos es estrictamente política. No es una iniciativa legislativa que procura una armonía o un estado de consenso entre actores a los fines de normar. Es una iniciativa del Poder Ejecutivo, respondiendo específicamente a intereses y propósitos de la propuesta política que el sector hoy en el gobierno quiere imponerle al país. No refleja una noción de Estado, de país, una visión compartida.

Los actores, voceros, representantes parlamentarios son simplemente intermediarios, mensajeros de una instrucción presidencial. En este particular caso no están "representando" a nadie que no sea el mandante: el presidente Hugo Chávez Frías. No están actuando en nombre de sus electores, de sus comunidades, mucho menos en correspondencia con los actores que conforman el sector .

3. Consideración de control gubernamental. El articulado en lo sustantivo no procura lineamientos o normas relativas a lo moral, la violencia, la convivencia, la infancia, la dignidad, aspectos en que como sociedad occidental y democrática debemos / podemos lograr posibles y fáciles niveles de consenso y acuerdo. La propuesta está definitivamente orientada a burocratizar y crear instancias de control gubernamental en la existencia, manejo, dirección y producción de contenido de los medios radioeléctricos.

4. Consideración constitucional. Un proyecto de ley que procura legislar sobre derechos tan fundamentales como los relativos a la libertad de expresión, la libertad de información y de comunicación debe tener carácter orgánico. Con esta propuesta "no orgánica" queda al descubierto la obvia maniobra de carácter político, del interés meramente gubernamental.

Cinco planteamientos

Tras otras consideraciones sobre el conflicto medios-gobierno en Venezuela, los firmantes del documento plantearon:

1. Exhortamos a la Asamblea Nacional a postergar la discusión del Proyecto de Ley sobre la responsabilidad social en radio y televisión así como cualquier otro instrumento normativo referido a la comunicación social, hasta tanto existan condiciones político – institucionales propicias para un diálogo nacional sobre la materia.

2. Exhortamos a rechazar la invitación a negociar el proyecto. Nuestra posición debe ser de franca, abierta, activa y militante rechazo, oposición. No convalidar instancias de consulta, de análisis. La visión de "negociar" el proyecto no se puede circunscribir a lo que es o sería la creación y funcionamiento de estructuras gubernamentales y burocracias (cargos, niveles, procedimientos) pues una de las características del actual régimen es su franca, abierta y verbalizada oposición a todo lo que se refiera al respeto y desempeño autónomo de las instituciones. (CNE, Asamblea, TSJ, FIEM, SENIAT, BCV, Fiscalía General de la República...!) Vamos por esta vía, la de la negociación, una vez más, a "legitimar" una acción autoritaria, continentalmente expuesta a los cuatro vientos. Desde el propio gobierno se administrarán "los contenidos" de la libertad de expresión e información, señalando que se actúa con base a una Ley que aprobó el propio Poder Legislativo.

3. Solicitamos a la Asamblea Nacional que en el momento oportuno se sometan a discusión todas las diversas propuestas legislativas consignadas en el parlamento y, en particular el Anteproyecto de Ley Orgánica de Radio y Televisión preparado por la Asociación Civil Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público, introducido en febrero de 2002 en la Asamblea Nacional, con el respaldo del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Facultad de Humanidades y Educación, con la finalidad de: a) dotar al país de una autoridad independiente para la radio y la televisión, b) crear el servicio público universal de la radiotelevisión, desgubernamentalizado y de cobertura nacional total, que garantice el acceso a la información a todos los ciudadanos por igual, sin exclusiones y con criterios de pluralismo, imparcialidad y calidad.

4) Exigimos a los medios de comunicación privados el respeto irrestricto del derecho de los ciudadanos de acceso a la información plural, imparcial, suficiente y de calidad, única garantía para alcanzar credibilidad.

5) Pedimos a los miembros de la Asamblea Nacional y de la Contraloría General de la República el inicio de las investigaciones pertinentes sobre el manejo presupuestario y gerencial de los medios radioléctricos del Estado: Venezolana de Televisión, canal 8; Radio Nacional de Venezuela y el grupo de emisoras de YVKE Mundial hoy en manos del Gobierno. Allí ha habido, desde hace tiempo, una degradación de la idea de "servicio público". En ese sentido tenemos que diferenciar entre servicio público y brazo informativo y contrainformativo del Gobierno-Estado. Requerimos de unos medios de servicio público que sean modélicos y que se constituyan en el contrapunto necesario ante las potencialidades del mercado.