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Pocos se atreven a poner en duda el determinante papel que tiene la prensa para la prevención y combate de las prácticas corruptas en América Latina. El caso del periodista nicaragüense Jorge Loáisiga es un buen ejemplo de tal afirmación. Arnoldo Alemán, ex-presidente de ese país, se encuentra bajo arresto domiciliario mientras transcurren los juicios en su contra por los delitos de lavado de dinero, malversación de caudales públicos, peculado, fraude al Estado y asociación para delinquir, entre otros. Y fue, precisamente, Loáisiga quien inició las investigaciones desde La Prensa de Managua, de la corrupción del en ese entonces presidente Alemán y de su director de Ingresos, Byron Jerez, con el caso conocido como los "checazos". Su labor fue reconocida durante el presente año por la organizaciones Transparencia Internacional (TI) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) como la "Mejor Investigación Periodística en un Caso de Corrupción".
Al igual que Alemán, otros mandatarios han quedado expuestos, en sus prácticas de corrupción, gracias a la labor de periodistas que no se quedaron con las declaraciones oficiales y decidieron escarbar las interioridades del poder. Como ejemplos pueden citarse las investigaciones de El Clarín sobre las cuentas bancarias en Suiza de Carlos Menem y familiares cercanos, las publicaciones de La Nación, de Costa Rica, sobre los fondos ilegales de campaña que recibió el actual presidente de ese país Abel Pacheco, o las cuentas secretas en Panamá del presidente Portillo y otros altos funcionarios del gobierno guatemalteco, descubiertas por los periódicos Siglo XXI (Guatemala) y La Prensa (Panamá).
Corrupción en el periodismo
Sin embargo, no podemos ser ingenuos y pensar que todos los medios de prensa siguen una conducta ejemplar, como ocurrió en los casos citados anteriormente. Qué pasa con la prensa que investiga hechos de corrupción con el único fin de desacreditar a los gobiernos de turno y que luego guarda silencio cuando otros partidos políticos, que le son afines, toman el poder. O peor aún, el caso de los dueños de medios y periodistas que ocupan los casos de corrupción para chantajear a los grupos políticos o empresariales, o los que se alinean al discurso oficial y terminan convirtiéndose en medios de propaganda.
Como veremos a lo largo de este artículo, hay señales preocupantes sobre la corrupción que existe dentro de los medios de comunicación. Una corrupción en ocasiones más sofisticada, donde la censura y el encubrimiento son mucho más efectivos, y de la que aún es un tabú hablar.
El 11 de febrero de 2003, los salvadoreños quedaron sorprendidos al ver el titular del matutino El Diario de Hoy, en el que se advertían que narcotraficantes manejaban el negocio de la recolección de basura en el área metropolitana de la ciudad capital. Eran momentos electorales y las encuestas favorecían a los candidatos de la izquierda, para los municipios de San Salvador. Obviamente, las publicaciones del citado periódico (conocido por ser el más conservador de ese país), que alcanzaron casi el medio centenar de artículos, tenían un propósito: desacreditar a dichos candidatos, quienes fueron los que trajeron a CINTEC, la empresa canadiense que maneja los desechos sólidos.
Inmediatamente CINTEC amenazó con procesar penalmente a los periodistas que habían firmado las notas en cuestión. En la organización a la que pertenezco se tiene, por principio, oposición al uso de medidas penales para sancionar agravios contra el honor, en el caso de asuntos públicos. Consecuentemente, se salió en defensa de los periodistas que podían ser procesados, aún cuando sabíamos que había existido una manipulación de la información, lo cual dejamos asentado.
Dos semanas después preparamos un análisis del rigor informativo de las noticias en cuestión y logramos establecer que no había sustento para las vinculaciones que El Diario de Hoy había hecho de CINTEC con narcotraficantes, sin embargo el daño estaba hecho. No para CINTEC precisamente, que sí está involucrada en otro tipo de irregularidades y que hasta la fecha se resiste a hacer pública la información sobre sus transacciones financieras, sino para el periodismo: se constató una vez más el atropello con que se manejan las líneas informativas de los medios.
Seguramente, los lectores, al leer los párrafos anteriores, asociaran el caso descrito con lo que ocurre en sus países. La vinculación de los grandes medios de comunicación con los sectores de poder (de cualquier ideología o tendencia política) y la contaminación que eso produce en sus contenidos informativos es una práctica de corrupción, en la medida que de tal distorsión se buscan obtener beneficios ilegítimos.
La prensa hondureña
En Honduras el problema es extremo, no porque la corrupción en la prensa sea mayor, sino porque es mucho más evidente que en otros países y se practica con grados altos de cinismo. Ésta se da a todo nivel y de manera muy abierta. Los dueños ocupan los medios para favorecer sus negocios y muchos periodistas se dedican a conseguir prebendas del gobierno o de los grupos empresariales. En Honduras es muy normal que los mismos periodistas sean los encargados de conseguir publicidad para sus medios, particularmente en la radio que es el medio más influyente, y esto lo logran a base de intercambio de favores o chantajes.
El periódico El Heraldo es propiedad de Jorge Canahuati, quien dependiendo de las circunstancias se vincula con el partido Nacional o el Liberal (los principales institutos políticos de Honduras). Durante el último tramo de la presidencia de Carlos Flores (su mandato concluyó el enero de 2002), cedió a las presiones del gobierno y llevó a cabo una limpieza de sus salas de redacción, despidiendo a más de una docena de periodistas críticos. Jaime Rosenthal Oliva es el propietario del diario Tiempo y del canal 11. En tres ocasiones ha sido aspirante a la presidencia de la República. La Tribuna es propiedad del ahora ex-presidente Carlos Flores. Y los canales 3, 5 y 7 son propiedad del magnate Rafael Ferrari. Estos son los principales dueños de medios de comunicación en Honduras, y todos ellos los usan, abiertamente, como instrumentos de presión para ganar contratos o regulaciones más blandas del Estado o para satisfacer sus aspiraciones políticas.
Con respecto a los periodistas corruptos, el Comité por la Libre Expresión, en septiembre de 2002 advirtió que en Honduras "un amplio grupo de la prensa se da incluso el lujo de sostener lo que se denomina como 'cumbres de la corrupción', entrenando a los que ingresan sobre las formas de negociar y mercadear una noticia. Ellos son del criterio que de nada sirve que un comunicador tenga fama y éxito, si no tiene dinero."
Intimando con el poder
En octubre de 2003 una nota, sin mayor llamativo, apareció en una de las esquinas de la sección de negocios de uno de los matutinos salvadoreños. El Grupo Real, propietario de hoteles en Centroamérica, México y los Estados Unidos, anunciaba la creación de su "Club de Periodistas". La empresa ofrece, a quienes entren a formar parte de ese club, el 50% de descuento en el costo de las habitaciones y un 20% en los consumos realizados en sus bares y restaurantes.
Uno de los principales propietarios del Grupo Real es Ricardo Poma, uno de los hombres más ricos de Centroamérica, importante financista de campañas electorales, amigo personal de los presidentes de El Salvador, Francisco Flores, y Ricardo Maduro de Honduras, y a quien los medios de comunicación locales muestran como un hombre virtuoso y emprendedor. A pesar de que por años ha habido señalamientos contra la familia Poma, principalmente sobre ilegalidades cometidas por sus empresas constructoras y daños realizados a áreas de protección ambiental, y han sido los mismos medios de comunicación los que se han encargado de ahogar a los denunciantes.
Este es un ejemplo de relaciones comprometidas entre la prensa y el poder. Primero por la importante fuente de recursos que significan los anuncios de los grupos Real, Roble y otros propiedad de la familia Poma, y ahora con una modalidad más sofisticada: clubes de privilegios para periodistas.
En forma similar, muchos periodistas dañan su ejercicio aceptando viajes u obsequios pagados por los gobiernos o las grandes empresas. Aunque varios de ellos sostienen que eso no compromete su independencia, pero basta leer las notas que escriben para que sus argumentos queden derribados.
La transparencia de la prensa
Sin duda el debate sobre la corrupción en el periodismo aún no está abierto definitivamente. Como sucede con los gobiernos, la prensa también debe mostrar y exigirse a sí misma transparencia, concepto que a su vez todavía resulta demasiado difuso.
A raíz de la censura de un programa de televisión en El Salvador y que, afortunadamente, quedó al descubierto por la denuncia que hizo el mismo presentador, en nuestra organización nos adentramos a analizar las causas y condiciones que favorecieron tal hecho. Se trató de un programa de entrevistas pregrabado, en el que el ahora candidato presidencial de la izquierda, Shafick Handal, perdió el control de su carácter y agredió verbalmente al público presente. Según el presentador, Handal le pidió que no transmitiera el programa y ante su negativa se dirigió al director del canal con la misma petición. Este último, efectivamente, procedió a suspender la transmisión del programa, aduciendo deficiencias técnicas en la preparación del mismo. Después de eso vinieron reclamos e intensos debates del público y la junta directiva de la televisora, finalmente, accedió a transmitir el programa una semana después.
Entre los hallazgos y recomendaciones que hicimos sobre este caso, y que pueden ser retomadas como insumos sobre lo que deben ser medidas de transparencia en los medios, se encuentran:
Las líneas editoriales de los medios muchas veces no existen más que en el imaginario de los editores o dueños de los medios. Se carece de criterios claros y establecidos sobre la forma en que deben construirse y estructurarse los contenidos informativos, no hay requerimientos sobre la selección y tratamiento de las fuentes y no se delimitan con precisión las responsabilidades que corresponden a los integrantes de las salas de redacción, por las desviaciones o irregularidades que puedan ocurrir. Esta situación permite una manejo sumamente discrecional y hasta arbitrario de los contenidos informativos.
No existen adecuados mecanismos para la resolución de conflictos, en relación a los formatos y contenidos informativos. Normalmente se imponen prácticas autoritarias dentro de los medios, y éstas, tarde o temprano, terminan atropellando los criterios técnicos. Esto, con el agravante de que cuando surgen estos conflictos, la tendencia es a ocultarlos del conocimiento público.
Los contratos laborales de periodistas no contemplan cláusulas de conciencia o si las hay, éstas no siempre son respetadas. Esto se refiere a los derechos de objetar los contenidos informativos y la libertad de hacer públicas tales objeciones, el negarse a participar en la elaboración de informaciones que los periodistas consideren incompatibles con sus principios éticos, o en casos extremos el derecho a rescindir su relación laboral con el medio por esas mismas razones, sin perder beneficios adquiridos como las indemnizaciones. El irrespeto de estos derechos conduce a relaciones laborales transgresoras dentro de los medios, que terminan afectando los contenidos informativos.
Es necesario que los lectores o las audiencias conozcan la identidad y el aporte que hacen a las finanzas de los medios de comunicación los principales anunciantes. Esto no es solo una condición básica de transparencia, sino puede ayudar a los mismos medios a resistir las presiones de sus anunciantes, en la medida en la que las relaciones que se sostienen con éstos estén expuestas ante el público.
Los medios de comunicación deben obligarse estrictamente a respetar el derecho a la réplica. Esto no solo tutela los derechos de quienes, eventualmente, sean afectados por informaciones no fundamentadas, sino que garantiza a los lectores o audiencias que están recibiendo información íntegra y equitativa.
Pueden haber muchas medidas más de transparencia en la prensa. Las anteriores solo buscan dar un ejemplo e incitar al debate sobre el tema. Se trata de medidas que los medios deben adoptar por voluntad propia, para garantizar, efectivamente, su libertad e independencia.
Más información en Internet
http://www.icfj.org/libertad-prensa/ipys-articlelink.html
http://www.revistaprobidad.info/022/007.html
http://www.probidad-sv.org/libexp/casos/2003/002.html
http://www.probidad-sv.org/resumenes/2003/0222.html
http://probidad.org/honduras/libexp/2002/002.html
http://www.gruporeal.com
http://www.probidad-sv.org/libexp/casos/2003/008.html


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