Como era de esperarse, la sola realización de una consulta electoral en Venezuela no ha significado el fin de la crisis política. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE), con el aval de la Organización de Estados Americanos (OEA) y del Centro Carter, confirmaron el triunfo de Hugo Chávez el pasado 15 de agosto en el inédito referendo revocatorio del mandato presidencial. Con los resultados obtenidos, el presidente venezolano culminará su mandato en 2006. Con el 59 por ciento de los votos a favor y 41 por ciento en contra, la tendencia de división social parece inalterable: los pobres están con el jefe de Estado y quienes lo rechazan, en su mayoría, están en los estratos medios y altos. De hecho, esta proporción de porcentajes es casi la misma con la que Chávez fue electo por primera vez en 1998 y relegitimado en 2000, la gran diferencia en esta oportunidad ha sido la menor abstención (en torno a un 25 por ciento, cuando tenía una media histórica de 40 por ciento), lo cual quiere decir que se movilizaron más personas, de lado y lado. Sin embargo, las primeras reacciones de desconocimiento mutuo, entre gobierno y oposición, presagian un período de ausencia de diálogo político y de conflictividad, tal como venía sucediendo en los dos años previos al referendo. Se trata pues de la polarización después de la polarización.

En lo estrictamente mediático, el Centro Carter jugó papel clave para que se llegara a un acuerdo, a inicios de julio, a favor del equilibrio informativo en la campaña electoral previa al referendo. En este acuerdo participaron propietarios de medios privados, directivos de medios estatales, autoridades electorales y altos dirigentes del gobierno. Decir que se logró un acuerdo político, de alto nivel, con el fin de que los medios se comprometieran al equilibrio, es clara demostración de los tiempos que se viven en Venezuela. Con contadas y no significativas excepciones, este acuerdo se hizo realidad y fue monitoreado por un equipo de especialistas durante cuatro semanas. El día siguiente al referendo, después de que en horas de la madrugada se conociera el primer resultado de la consulta que daba como ganador a Chávez, y de que la opositora Coordinadora Democrática denunciara fraude, todo volvió a ser como de costumbre. Significativos medios de comunicación, de forma sistemática, pasaron a ser voceros de las posiciones de la oposición y en el tratamiento informativo han excluido la posibilidad de encontrar razones políticas, sociales y económicas que le dieran el triunfo al populista presidente venezolano.

Caminando en la polarización

En los últimos dos años, de forma especialmente dramática, se ha hecho evidente en Venezuela una profunda polarización. Si bien existen otras múltiples posiciones, y de hecho ha crecido un llamado tercer sector en medio del conflicto, también resultaría ingenuo no percatarse que dos expresiones políticas se han radicalizado en torno a la figura del presidente Hugo Chávez, quien es odiado o amado, en ambos casos de forma visceral, de acuerdo con la acera política en la que se esté ubicado.

En las encuestas previas al referendo revocatorio se evidenciaba el sector de los llamados ni-ni, aquellos que marcan distancia de radicales posturas de gobierno y oposición, y que se ubicaban entre 30 y 40 por ciento de los venezolanos en edad de votar. Sin embargo, una consulta de este tipo, en torno a solo dos opciones cerradas, pareció inclinar la balanza mayormente a favor de Chávez.

La polarización ha implicado un desconocimiento del otro, en cuanto sector político con posturas igualmente legítimas, y el discurso de dirigentes, tanto de gobierno como de oposición, no tiene la capacidad de tender puentes con quienes militan en las filas adversas. La polarización ha tenido un correlato mediático, pues también medios y periodistas se han atrincherado en posiciones que excluyen la posibilidad de entender al otro y, en un prolongado círculo vicioso, la parcialidad política de los medios privados es respondida por una igualmente toma de partido extrema en los medios estatales, así como de acciones o discursos oficiales que colocan en el terreno enemigo a las principales empresas mediáticas del país.

En sociedades polarizadas, como la venezolana de este inicio del siglo XXI, cada sector político cree tener la verdad y excluye cualquier puente de entendimiento con el adversario. Es imposible que se comparta la mesa con aquel que antes se llamó dictador o enemigo de la patria. Los medios, en estos contextos, no solo reproducen el discurso político excluyente, sino que a la par, al ser parte intrínseca del conflicto, construyen una agenda periodística-simbólica que refuerza el desconocimiento del otro. En el caso venezolano, de forma adicional, la fractura que siguen viviendo los partidos políticos (incluido el del presidente Chávez, el Movimiento V República), hace mucho más dependiente a la estrategia política de su dimensión comunicacional, pues no existen canales formales partidistas que permitan, o bien transmitir decisiones desde la cúpula o bien recoger demandas desde las bases. La acción política del jefe de Estado es esencialmente mediática, en cuanto se construye desde los medios, principalmente del Estado, pero también con un uso abusivo de las cadenas presidenciales.

El liderazgo de Chávez es esencialmente personal, y las decisiones dentro de su partido las toma fundamentalmente él, así se evidenció con la escogencia de los candidatos a alcaldías o gobernaciones. Empero estos aún no teniendo un liderazgo claro, de forma previa, al recibir el respaldo del jefe de Estado tienen automáticamente un 30 por ciento de apoyo

Quiebre del modelo de desarrollo

La crisis que vive hoy la sociedad venezolana, y que se expresa con las posturas polarizadas en torno a la Revolución Bolivariana del presidente Chávez, ha sido resultado del quiebre del modelo de desarrollo que basado en la renta petrolera hizo aguas hace dos décadas. Los últimos 20 años en el país han sido de un imparable empobrecimiento (también durante los años del gobierno chavista), lo cual paradójicamente sucede en un país que tiene ingresos sostenidos milmillonarios por sus exportaciones de crudo. El gobierno de Chávez ha profundizado una dependencia petrolera que no tiene salida, sino profundizar la dependencia del capital trasnacional en esta materia. Sin embargo, su discurso social y nacionalista cala en amplios sectores pobres del país, que si bien no han mejorado palpablemente sus condiciones de vida, tampoco se sienten representados por la opción opositora. “Con Chávez yo existo”, se expresó de forma precisa una señora de Guarenas, a la que el autor entrevistó en una manifestación política, y que, pese a admitir que su situación socioeconómica no era sustancialmente distinta, sentenció: “con la oposición tampoco voy a vivir mejor”.

El quiebre económico alimentó un hartazgo político: el pacto de élites que dio sustento a la democracia en 1958 había dado paso dos décadas después a un sistema clientelar en manos de dos partidos, que cada vez más alejados de las demandas e insatisfacciones ciudadanas terminaron por ser símbolos de la antipolítica. Durante la década de los 90, por un lado los medios contribuyeron al descrédito del mundo político (razones había para las denuncias, pero no para las generalizaciones que terminaron estigmatizando todo lo relacionado con la política), a la par que se convirtieron en poderosas cajas de resonancia para un malestar ciudadano que no encontraba respuestas en las instituciones del Estado, ni en las instancias de mediación sociopolítica. Fue tal el anhelo de cambio, de apostar a algo distinto, que no estuviera tocado por la sucia mano de la política tradicional, que en 1998 durante largos meses punteó las encuestas una ex reina de belleza, para que finalmente terminara en la presidencia un militar retirado que promovía “un giro radical en nuestra historia”. El gobierno de Chávez, al contrario de lo que promueve su discurso, en el sentido de que está comenzando una nueva era para el país, en realidad simboliza la lenta muerte de una manera de hacer y entender la política en Venezuela. En esta agonía de un modelo, sin que se vislumbren opciones claras de largo aliento sobre por dónde deberá conducirse la vida nacional, la política ha pasado a copar amplios espacios de la vida de los venezolanos y los medios han terminado siendo actores de primer orden en todo lo que está viviendo la sociedad venezolana.

Los años 90, en el contexto venezolano, reflejan claramente la consolidación de algunos elementos: los estudios de opinión de aquellos años revelan la desconfianza que inspiraban partidos políticos y poderes públicos, a la par que se consolidaba una imagen de credibilidad a favor de los medios.

Esto solo se rompió a partir de abril de 2002. El silencio informativo que arropó el retorno de Chávez al poder, tras el breve golpe de Estado, constituyó un elemento que ha pesado de forma significativa en la caída de la credibilidad de los medios, especialmente de la televisión. De acuerdo con la firma Datanálisis, los medios de comunicación ocuparon el primer o segundo lugar de credibilidad durante alrededor de una década, hasta marzo de 2002; en el sondeo inmediatamente posterior a los sucesos de abril de ese año descendieron a un sexto lugar.

Medios en la escena política

Diversidad de autores coinciden en reconocer el rol político que juegan los medios de comunicación, y especialmente en contextos como de los países latinoamericanos que parecen ser de una recurrente crisis política. La debilidad que tienen los partidos, sindicatos y otras instancias del tejido social, abre la puerta para que estos actores entiendan que su posibilidad de intervención en la vida pública está íntimamente atada a su relación con el universo mediático. Ciertos asuntos de interés público pueden ser catalizadores para la constitución de alianzas tácticas entre políticos y activistas sociales, por un lado, y medios de comunicación y periodistas, por el otro. Esto ocurre cotidianamente en diversos contextos, sin que sea motivo de escándalo, pues justamente en esta dimensión se entiende el rol político de los medios: determinar quién puede hablar sobre cuál tema.

Durante el paro llevado a cabo por la oposición entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en Venezuela, quedaron en evidencia algunos aspectos centrales de esta percepción, que lleva a colocar a los medios en la categoría de poderes fácticos, tal como los definió recientemente el informe La democracia en América Latina del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En conversaciones que hemos sostenido con tres dirigentes opositores -uno de ellos formó parte del comando táctico que estuvo al frente del paro-, estos confirmaron que esta acción se iba a levantar después de 48 horas y, exclusivamente, se usaría como presión momentánea para luego continuar con las negociaciones que estaban en marcha con el gobierno, bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter. El punto de vista de los empresarios mediáticos echó al traste con la primera estrategia y lanzó a la oposición en la senda del paro por tiempo indefinido, con los costos políticos y económicos que todos conocemos hoy.

La oposición perdió importantes niveles de aceptación en la ciudadanía después de esa paralización, debido a la dura repercusión que tuvo en la vida económica y social del país, sin lograr el objetivo planteado: forzar la salida de Chávez del poder.

Otros dos líderes de partidos políticos, cuyas opiniones no eran de apoyo unánime a esta acción, fueron silenciados por los medios.

Pero, sin duda alguna, el elemento más llamativo lo constituyó en ese mismo contexto el siguiente hecho: en no pocas ocasiones, la Coordinadora Democrática –que aglutina a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil opositores– conoció el contenido de mensajes publicitarios una vez que éstos estaban al aire, sin que participaran en su concepción. El poder mediático pasó a ser –literalmente– el espacio desde donde se constituía la estrategia política, y eso representa un cambio sustancial en las de por sí complejas relaciones entre poder político y medios de comunicación.

Orgullosamente parcializados

Para periodistas o analistas de otras latitudes que pasan por Venezuela resulta muy llamativo, al mirar el desarrollo del conflicto y el papel que en éste están teniendo los medios, no solo que las principales empresas mediáticas y emblemáticos comunicadores tengan una clara posición tomada, sino que se enorgullezcan de ello. Para unos, el argumento es estar ante una dictadura, por el perfil personalista y centralizador que tiene el gobierno de Chávez, en la acera de enfrente se argumenta diciendo que la extrema derecha acecha y deben defenderse los logros de la revolución. En ambos casos, la idea que es punto de conexión entre posturas irreconciliables, es que ahora -en este preciso momento de la historia venezolana- no se puede ser imparcial, y menos en el ejercicio periodístico porque si se es, se le está dando armas al enemigo.

La polarización en este tiempo ha ido cerrando espacios para el debate. En teoría, la programación televisiva le destina mucho espacio al debate si se mide el tiempo de programas de entrevistas y opinión. Sin embargo, no sucede tal debate. Sustancialmente, con contadas excepciones, los medios estatales han venido teniendo como invitados a funcionarios gubernamentales o activistas del chavismo y los medios privados han destinado a voceros de la oposición sus entrevistas. Esta evidente parcialidad ha sido acompañada de la actuación de entrevistadores complacientes, quienes omiten las preguntas difíciles o comprometedoras cuando el invitado es -como suele ser- del bando político afín al medio. En tal circunstancia, no cabe hablar de debate, si se entiende a éste como contraste de opiniones y/o contrapunto de visiones, sino que estamos ante espacios de propaganda política. Esto, si bien cambió de forma evidente durante la campaña para el referendo, gracias al acuerdo mencionado sobre el equilibrio informativo, una vez conocidos los resultados y siendo la postura opositora de denunciar fraude, se ha vuelto a una exclusión significativa del debate y el contraste de puntos de vista, llegando incluso a excluirse la posibilidad de analizar las fortalezas políticas, económicas y sociales que le dieron el triunfo a Chávez el 15 de agosto.

“Estamos en una guerra”. Así lo definió, sin vacilaciones, el directivo de un medio privado de comunicación, al ser invitado a dar un primer paso en aras de despolarizar la cobertura periodística de Venezuela. “Aquí no estamos para defender a periodistas sin ética”, replicó una funcionaria de la Fiscalía General al ser instada a actuar ante los hechos de violencia que, de forma lamentable, se han venido multiplicando sin distinción desde el año 2002 en el país, contra medios y comunicadores. Ambas frases, dichas sin estar relacionadas espacialmente aunque sí simbólicamente, reflejan uno de los nudos centrales del conflicto venezolano, la no voluntad de dar un paso que pueda beneficiar al contrario, y dejan poco margen para esperar con optimismo una solución pacífica a la crisis, al menos desde su dimensión mediática.

Nuevos pasos

Repensar la democracia en Venezuela, y eventuales salidas a la crisis, partiendo de la polarización ratificada con el referendo es tarea urgente, necesaria, y el papel de medios y periodistas no escapa de ella. Un asunto crucial tiene que ver, justamente, con imaginar de qué forma los ciudadanos pueden participar para revertir la situación que hemos venido describiendo en estas páginas. Debe incluirse en esta categoría de ciudadanos a todos y cada uno de aquellos habitantes del país, que desde sus particulares creencias políticas tienen la intención de aportar en función de toda la sociedad, entendiéndola a ésta como un conjunto de diversidades (culturales, sociales, políticas) que necesariamente tienen que coexistir amparadas en un consenso mínimo. Desde lo específicamente mediático, en México, Perú y Brasil, aun de forma incipiente, van teniendo lugar experiencias de vigilancia o veeduría social de los medios, entendiendo que en un sistema democrático existen diversas maneras de hacerlo sin que ello signifique una intervención estatal.

En el contexto venezolano actual, de forma espasmódica ha saltado en los últimos dos años la posible aprobación de la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión, en el seno de la Asamblea Nacional. Tal instrumento está concebido, al menos así se desprende de las declaraciones oficiales y de una redacción que ha tenido radicales transformaciones en aras de reducir el proceso legislativo, como un mecanismo para castigar a unos medios privados que se han desviado por asumir abiertamente una parcialidad política. Esto desvirtúa por completo el objetivo de un instrumento legislativo, que en una búsqueda democrática debería abrir la posibilidad de conformar experiencias genuinas de veeduría y observación ciudadana, para que este poder mediático tenga algún punto de control.

Aun para un sistema democrático en crisis, como el venezolano, sería difícil imaginar una democracia contemporánea sin medios de comunicación. A la par, un fortalecimiento del sistema político (absolutamente necesario para la satisfacción de las demandas de la ciudadanía) visto especialmente desde el contexto venezolano, pasa por establecer reglas de juego para que este poder mediático sea ejercido con una mayor transparencia por parte de empresarios y periodistas, a la par de decisiones de Estado que sin matiz de intervención estatista, permitan abrir cauces a una acción ciudadana que tenga como norte la construcción de una sociedad incluyente y tolerante, tanto en lo socio-político como en la dimensión comunicacional.