El presidente José Luis Rodríguez Zapatero sabía qué significaba hacer política contra una televisión pública partidista y manejada como una potente maquinaria de propaganda. Los excesos de ese modelo de los medios públicos tuvieron gran parte de la culpa del vuelco electoral en España, tras los sangrientos atentados del 11 de marzo de 2004, cuando los terroristas islamistas acabaron con la vida de 191 personas.

Nada más ganar las elecciones, el nuevo presidente fijó como uno de sus grandes retos la reforma de la radiotelevisión pública, de la estatal, porque en España existen además radiodifusoras y televisoras de los gobiernos autonómicos, que funcionan con el mismo modelo grandioso y funcionarial de Radio Televisión Española (RTVE), pero a escala regional.

Para conseguir su objetivo, Zapatero formó una comisión de notables, luego llamada de sabios, para redactar un informe sobre el nuevo modelo de comunicación estatal. El recién elegido presidente aseguró que respetaría los designios de los sabios y fijó sus objetivos: “garantizar la independencia, respetar el pluralismo político y social, el mejor cumplimiento de su función de servicio público y la extensión de los valores cívicos y democráticos".

Informe de los sabios

Nueve meses después, los sabios acabaron su tarea y a finales de febrero de 2004 presentaron el Informe para la Reforma de los Medios de Comunicación de Titularidad del Estado. Nació sin consenso, con el voto en contra de Fernando G. Urbaneja, presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid y de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España, y con la discrepancia del experto financiero que nombró la Sociedad Española de Participaciones Industriales (la corporación industrial pública), Miguel Ángel Arnedo.

El informe de los sabios es reglamentista y apuesta por la independencia en la composición de los órganos de dirección de la radiotelevisión pública, pero los profesionaliza -con cierta confusión entre ejecutivos y consejeros- y otorga a los sindicatos y partidos políticos (y organizaciones afines) un peso importante.

Descarta la privatización de la radiotelevisión pública y también la financiación a través de un canon (al menos por el momento, aunque deja abierto el futuro). Todos los ciudadanos pagarán con sus impuestos, con el consiguiente peligro para los objetivos de déficit del gobierno y la amenaza de objeciones de las autoridades europeas.

Solución simplista

El vicepresidente económico, Pedro Solbes, ya ha puesto el grito en el cielo: calificó la solución de los sabios como excesivamente simplista y afirmó que si el Estado se hace cargo de la pantagruélica deuda de 7.200 millones de euros, los objetivos de déficit público marcados por el propio gobierno y la Unión Europea no se podrán cumplir.

Los sabios quieren menos publicidad y más financiación pública y han evitado el análisis y las propuestas para atajar la ineficiencia burocrática y económica del ente RTVE.

Al Partido Socialista Obrero Español (PSOE), en el gobierno, tampoco le gusta que el director general de RTVE sea elegido por un consejo de administración con miembros del nuevo Consejo Audiovisual y los sindicatos de RTVE. Quieren que Zapatero respete su promesa electoral de que el Congreso nombre al responsable de la radiotelevisión pública.

El partido no quiere perder el control político sobre la dirección general de la radiotelevisión y sus subordinados directores de cadenas e informativos.

El gobierno condecoró a los sabios y metió el informe en un cajón, en espera a que se enfríen algunas ideas. Mientras, aborda a través de una llamada Ley de Televisión Digital Terrestre algunas medidas que cambian el mercado de la radiotelevisión: ampliación de uno o dos canales más de televisión nacional analógica (la televisión de pago de Prisa, primer grupo de comunicación del país, emitiría en abierto); consolidación de cuotas de mercado en la radio convencional y adelanto del apagón analógico.

Faltaría todavía una regulación de las televisoras locales y lograr criterios compartidos para la dimensión y funcionamiento de las televisoras públicas dependientes de los poderes regionales.

Los sabios presentaron al gobierno un largo documento plagado de buenas intenciones y que supone un tímido avance sobre el modelo anterior, pero no promete mucho futuro. El resultado se esperaba, la composición del comité de sabios era demasiado homogénea y faltaba orientación práctica: tres filósofos, Emilio Lledó, Victoria Camps (vinculada a los comités deontológico audiovisuales) y Fernando Savater; un catedrático de audiovisual, Enrique Bustamante, y el citado Fernando G. Urbaneja, el único periodista en activo.

Ningún representante de la industria audiovisual, ni de la propia radiotelevisión pública. Se pretendía así garantizar la independencia, y los sabios reconocen haber gozado de ella, pero se perdió concreción.

Los objetivos

Los sabios tenían unos pocos desafíos:

• Definir un modelo de comunicación pública que no limite la competencia y el derecho a concurrir de los agentes privados.

• Garantizar la independencia informativa de los medios públicos.

• Fijar un modelo de financiación estable para hacer frente a la deuda.

• Establecer un modelo de radiotelevisión de calidad. El servicio público puede competir en el mercado pero sin caer en el sensacionalismo y la rebaja de criterios. Es su obligación ofrecer calidad, rigor y defender la cultura antes que la lucha por la audiencia. Para eso se compensa su financiación con el dinero de todos.

• Imponer sistemas de gestión responsable para evitar el despilfarro, la deuda excesiva y la utilización irregular de los recursos.

• Democratizar e independizar los consejos de los medios públicos y sus direcciones: participación ciudadana, elección por órganos ajenos al gobierno, mandatos no simultáneos, etc.

• Limitar la ocupación pública del espacio comunicativo. En un país democrático, con un sistema de mercado asentado, no es necesaria una presencia desmesurada de medios públicos.

• Establecer un marco legal estable, acorde con las recomendaciones internacionales, que elimine la inseguridad jurídica en la que el sector audiovisual ha vivido los últimos años.

¿Se han cumplido estos objetivos? Un repaso a los principales puntos del informe responde.

Los 22 puntos del informe

• El Estado se hace cargo de la deuda que ronda ya los 7.200 millones. El Ministerio de Economía insiste en la necesidad de refinanciar ese peso financiero y atajar las pérdidas operativas a través de una reestructuración del ente RTVE, con posible regulación de empleo y mayor responsabilidad de los ejecutivos.

• Financiación a cargo del Presupuesto del Estado. Se descarta el canon sobre aparatos y el sobreimpuesto a las licencias privadas (se había hablado de un impuesto sobre beneficios, como el ya obligatorio para financiar el cine español). Los dos sistemas fueron propuestos o estudiados en algún momento.

• Consejo Audiovisual: una nueva autoridad independiente reguladora de todo el ámbito audiovisual, tanto en aspectos deontológicos como de licencias, al estilo de la Federal Communications Commision norteamericana. Sus miembros serán elegidos por el Parlamento. Ya existen órganos similares en alguna región autonómica como Cataluña.

• La Corporación RTVE y la Agencia EFE (la agencia estatal de noticias) deberán constituirse como entidades jurídicas autónomas, con capital cien por ciento estatal, con independencia gerencial y editorial respecto al poder ejecutivo, con dimensiones estrictamente ajustadas al cumplimiento de la misión de servicio público.

• Director General elegido por el Consejo de Administración, irrevocable, designado por mandato de cinco años -superior a una legislatura- y no reelegible de forma consecutiva.

• Consejo de Administración de ocho miembros con dedicación exclusiva y poderes reales de gestión, profesionalizado, elegidos dos por el Congreso y dos por el Senado con mayoría de dos tercios; dos elegidos por el Consejo Audiovisual y dos por los sindicatos de RTVE (cogestión). Mandato de seis años sin reelección consecutiva.

• Consejo Asesor Estatal: nueve miembros sin sueldo ni dedicación exclusiva, aunque sí remunerados. Tres consejeros del Consejo Económico y Social representando al sector audiovisual y espectadores. Dos representantes del cine y las productoras. Uno del mundo académico. Otro de los anunciantes. Uno de las asociaciones de periodistas y otros de los centros territoriales de RTVE.

• Publicidad: menos y bien señalizada. Máximos de 10 por ciento de anuncios directos sobre la emisión del día, con nueve minutos en cada hora natural de reloj (15 por ciento al día con autopromoción y otras formas de publicidad) en TVE1 que se deberán alcanzar en cuatro años.

• Una nueva definición de servicio público: informar, formar y entretener buscando la rentabilidad social. A eso el informe llama calidad: diversidad de oferta, pluralismo, innovación y creatividad y excelencia. Los sabios lo concretan en "promover los valores y principios constitucionales, promover la cohesión territorial, universalidad de contenidos y destinatarios, integración social, referente en el sector, educar para la sociedad, impulsar la proyección audiovisual y cultural de España y promover el acceso a la Sociedad de la Información.

• Establecer un marco de nueve años propuesto por el Consejo Audiovisual y aprobado por el Parlamento. Sostenido por un programa trianual propuesto por el Consejo de Administración al Consejo Audiovisual y financiado por el Presupuesto del Estado. El control se realizará más allá de la audiencia y tendrá en cuenta la promoción de los valores antes citados.

• La rentabilidad social y de servicio debe tener preferencia sobre la rentabilidad económica, sin que sean excluyentes.

• La información se sitúa como corazón del servicio público: veraz, imparcial, independiente, plural, contextualizada y profunda, sin concesiones a la espectacularización y el sensacionalismo. Atención prioritaria a la "España plural".

• Se garantizará con una red suficiente y un Estatuto de la Información (secreto profesional, cláusula de conciencia, carrera profesional y remuneraciones objetivadas y nunca arbitrarias) controlado por un Consejo de Redacción, cuyos miembros serán "negociados entre la dirección de la empresa y representantes electos de los trabajadores implicados en la información".

• Defensa y promoción de la cultura española: programas específicos en horarios accesibles e impregnación de toda la programación.

• Educación: promover la capacidad de recepción crítica por parte de los usuarios, sobre todo de los jóvenes, de los medios masivos de comunicación contemporáneos, especialmente de los mensajes audiovisuales. Apoyo especial a la UNED. Se formará un Consejo Asesor Cultural-Educativo.

• Entretenimiento: debe abarcar todos los géneros y formatos, siempre que esté regido por un criterio de calidad técnica, estética, de valores sociales compartidos.

• Radio Nacional de España, se describen los diferentes programas sin mayor análisis ni propuestas novedosas.

• Se define la función de cada canal de televisión. TVE 1: canal generalista. La 2, canal para minorías y con orientación territorial, con especial inquietud cultural y educativa. Europeísta y "sobre todo debe orientar su oferta a una programación intercultural" con producción descentralizada entre los centros territoriales.

• Contenidos prioritarios para la infancia, la tercera edad, igualdad de género, discapacitados, inmigrantes y refugiados.

• Facilidades de acceso a los grupos políticos y sociales.

• Fomento de la producción propia y las coproducciones. Mayor apoyo al cine español y europeo: inversión anual equivalente al siete por ciento de sus ingresos por todos conceptos (con el 60 por ciento destinado a producciones en alguna lengua original de entre las oficiales de España). El 15 por ciento del tiempo será para producciones europeas.

• Se pide más control de las compras pero se pasa por encima de los criterios.

• RTVE impulsará la digitalización de la televisión como acelerador de la sociedad de la información.

• RTVE debe crear un auténtico sitio web, con identidad y recursos propios, y poner coto a las diferencias laborales entre los trabajadores de internet y el resto. El sitio de RTVE en Internet debe ofrecer sus servicios de radio, televisión y multimedia, mucho más especializados, accesibles, y adecuados a una comunicación bidireccional. Impulsor de la convergencia con la radio y la televisión digital.

Reacciones y criticas

Las reacciones no han sido buenas y las críticas han llegado de todos los sectores de la sociedad, la política y el mundo periodístico y de la comunicación. No es de extrañar, los medios españoles están profundamente politizados, los poderes públicos controlan una gran parte de sus ingresos a través de la publicidad institucional y las subvenciones, el mercado de la televisión sufre desde hace años un caos regulatorio inmerso en la inseguridad jurídica (especialmente en la televisión local) y el peso de los medios públicos es enorme, equivalente a casi un 40 por ciento del mercado y la audiencia de la televisión, por ejemplo.

Zapatero fracasa en su respuesta al desafío comunicativo que prometió abordar tras ganar las elecciones. El informe piensa mucho en el gobierno, los partidos, los sindicatos, los trabajadores del ente, el cine y los anunciantes, y muy poco en los destinatarios: como ciudadanos, como contribuyentes y como audiencia. Sobran órganos: Consejo Audiovisual, Consejo Asesor Estatal, Consejos de Redacción, Consejo de Administración, etc., y faltan modelos claros de control y participación.

Mucho servicio público y muy poca autocrítica de un modelo ineficiente de gestión.

El informe de los sabios tiene muchas posibilidades de seguir guardado en un cajón y ser aplicado muy parcialmente. El presidente vuelve a regular la radiotelevisión privada con trampas, por la puerta de atrás, sin transparencia.

La obsesión por controlar los medios sigue guiando las acciones de los políticos españoles.