Chasqui 61, marzo de 1998

Medios: regulación y autorregulación 
  
- Diego Araujo Sánchez 

Hay dos tipos de relaciones inherentes a los medios. El uno es con el poder y el otro con el público. En el primer caso, ciertos mecanismos regulatorios, de alguna forma, buscan armonizar esa relación. En el segundo, no solo que los mecanismos no aparecen con claridad, sino que no hay suficiente análisis al respecto. El autor reflexiona a partir de su experiencia como ombudsman del diario Hoy y conmina a hallar mecanismos concretos para defender los derechos del público: desde los medios y desde los propios perceptores.

En un paradójico contraste, hay más bien pocos análisis de otro tipo de relaciones, también peligrosas: las de los propios medios, convertidos en poder -el cuarto poder-  y su público. En el primer caso, ciertos mecanismos de regulación se hallan institucionalizados y tienen, por ejemplo, un puesto en el régimen aceptado de derechos y libertades fundamentales. En el segundo caso, en cambio, los mecanismos no aparecen todavía con claridad y, mucho menos, han alcanzado cierto grado de aceptación en las sociedades o se han concretado en formas institucionales. 

Precisamente por la alta conflictividad de las relaciones entre el poder y los medios, las propias palabras regulación y autorregulación cargan el sambenito de cierta connotación negativa ante la sospecha y el temor de eventuales usos de ellas como formas enmascaradas de censura y autocensura. Me parece que, en una formulación positiva, como la otra cara de la medalla de la regulación, debería insistirse más bien en la defensa de los derechos del público receptor de los medios. 

Hallar mecanismos concretos para garantizar esos derechos es, sin duda, una necesidad. Ciertamente, resulta paradójico el que la prensa independiente, con tanta tradición de lucha contra la arbitrariedad de las dictaduras, se pueda convertir ella misma frente a su público en una suerte de poder totalitario y arrogante. También resulta paradójico el que la prensa, con su capacidad de ejercer el control y la crítica de otros poderes, sea  poco capaz, permeable y democrática para aceptar la crítica de su público receptor. 
 

Hallar mecanismos concretos para defender los derechos del público es más urgente y necesario cuanto son más poderosos y omnipresentes, en todos los ámbitos de la vida cotidiana, los medios de comunicación.  

Estos gozan, en América Latina, de muy altos índices de confianza. Sobre una muestra de 6.819 encuestas, el Barómetro Iberoamericano, de octubre de 1993, agrupa a los países por el grado de confianza  hacia los medios de comunicación en las siguientes categorías: en la escala de 60 a 79 por ciento de confianza, se ubican países como Bolivia, Brasil, Puerto Rico, Costa Rica, Colombia, Venezuela, Guatemala, Uruguay y República Dominicana. De 40 a 59 por ciento, países como Perú, Ecuador, México, El Salvador, Chile. Para resaltar el contraste, la misma encuesta anota en la escala del 21 al 39 por ciento  de confianza a países como Alemania, Francia e Inglaterra. 

En el Ecuador, las instituciones que gozan de los mayores índices de credibilidad son la Iglesia Católica, los medios de comunicación y las Fuerzas Armadas. Este juicio es más significativo en momentos de marcado escepticismo de la opinión ciudadana en torno a los partidos políticos, el parlamento, los sindicatos y otras instituciones. 

Una interpretación polémica es la de José Sánchez-Parga para quien aquella opinión favorable se debe, en buena medida, a la relativa inmunidad que rodea a las tres instituciones. Ese prestigio se asentaría, desde la óptica del analista, en que las tres instituciones no están sujetas a la crítica ni tienen capacidad para generar autocrítica desde el interior de ellas mismas. "Difícilmente o con muchas restricciones se formulan críticas o cuestionamientos sobre la Iglesia, las Fuerzas Armadas y los medios, y más difícil todavía es que desde los mismos medios surjan tales críticas o cuestionamientos o se hagan ecos de ellas", afirma Sánchez-Parga. Y agrega: "Cabría incluso sostener que los medios aparecen aún más inmunes, si no a las críticas y cuestionamientos, indudablemente a su publicidad".   

De otro lado, para Sánchez-Parga existiría una pobre capacidad de los medios para generar la autocrítica, por dos razones: en primer lugar,  porque "un periódico, una radio o un canal de televisión configuran un grupo laboral muy interdependiente y apretado; la participación de todos de una obra colectiva y, por consiguiente, de muy intensa socialización,  impide los distanciamientos críticos y autocríticos" y, en segundo lugar,  "porque  el fuerte protagonismo y personalización de los comunicadores sociales les dota de un gran vedetismo y  los hace de vidrio ante la crítica". 

Me parece que las observaciones de Sánchez-Parga tienen validez relativa. En algunos sentidos, la crítica implícita a la que se sujetan los medios tiene como implacable  juicio final la aceptación y confiabilidad del público al comprar un periódico, sintonizar la radio o permanecer en un programa de televisión. Pero no le falta razón al constatar los escasos espacios que dan los medios para la difusión de la crítica hacia ellos mismos.

Yo no puedo hablar en nombre de los medios, pero sí puedo hacerlo desde mi experiencia en Hoy y, a partir de ella, refutar la negación que hace Sánchez-Parga de las posibilidades autocríticas dentro de los medios. Quizás la experiencia más tormentosa, desgastante y tensa del trabajo desde el interior del periódico es precisamente esa autocrítica porque es permanente, continua, sin respiro.  

Por supuesto, es evidente la necesidad de defender los derechos de los lectores o, en general, del público receptor de los medios de comunicación. Pero no lo son, igualmente, las propuestas para conseguir ese objetivo, ni tampoco la viabilidad y eficacia de las mismas.  

En torno a este doble asunto, diré, primero, que debe excluirse cualquier propuesta restrictiva. Además, desde la óptica de la regulación, existen, en mi opinión, cuestiones previas sin clara respuesta: ¿desde dónde se produce tal regulación?, ¿quiénes la ejercen?, ¿bajo qué parámetros? 

No obstante, como he propuesto centrar la atención en la otra cara de la medalla de la regulación, los derechos de los lectores, pienso que frente a ellos caben propuestas desde dentro de los propios medios y desde los receptores. Desde los medios, aunque algunas de las propuestas suenen generales, me parece al menos intuir tres vetas: primera, el conseguir que los periodistas sean solo periodistas; segunda, el refuerzo del referente ético; tercera, devolver al lector el puesto que le corresponde. 

En la medida en la que los medios sean más profesionales, cumplirán mejor sus obligaciones; es decir, más ceñidos a su verdadero papel social. El protagonismo es la peor tentación. Probablemente, el caer en él no depende solo de los medios. Por cierto, la crisis de otras instituciones lleva a veces a la propia sociedad a exigir de los medios cierta función vicaria e, incluso, los lleva hacia papeles que no les corresponden desempeñar. 

Por supuesto, los medios no dejarán de configurar un espacio público en donde deberá alimentarse, con transparencia, la opinión ciudadana y que permita el debate para las decisiones de interés común. Gabriel García Márquez afirmaba, hace tiempo, que los dos instrumentos esenciales en el trabajo periodístico son una libreta de apuntes y una ética a toda prueba. 

En tercer lugar, he hablado de devolver al lector el puesto que le corresponde. En este sentido, una experiencia positiva es la de la creación de los ombdusmen, defensores o abogados de los lectores.  

También, en nombre de mi experiencia, diré que, en Hoy, la incorporación de la figura del Defensor del Lector es un mecanismo práctico y viable para crear espacios de crítica y autocrítica dentro del propio periódico. 

Cuando un medio de comunicación refleja de modo más fiel a la comunidad cumple de suyo una función crítica. Y la cumple también explícitamente en sus comentarios editoriales, en los análisis y opiniones de sus redactores y columnistas.  Por una coherencia elemental, es fundamental que promueva y acepte la crítica de su propia tarea. 

Los lectores tienen derecho a recibir una información exacta, veraz, imparcial, a tiempo y lo más completa que sea posible; tienen derecho a que esa información no lesione los principios éticos del periodismo, ni el buen nombre ni la honra de las personas ni su privacidad; tienen derecho a exigir el manejo responsable de la información, de las fotografías, de la publicidad... 

Otros mecanismos que permiten a los lectores ejercer sus derechos tienen que ver con la posibilidad de defensa: personas o instituciones aludidas en una información tienen derecho a que sus puntos de vista aparezcan de manera proporcionada y justa en relación con los cargos o alusiones negativas. Por supuesto, la equidad es aquí una cuestión de fidelidad profesional y ética. 

Pienso, además, que a través de las posibilidades que brindan los avances de la electrónica es más factible todavía la interactividad, con la cual la voz del lector puede recuperar un espacio que le corresponde en la formulación de la propia agenda de interés comunitaria que deba ser cubierta por los medios. 

Desde el punto de vista de los lectores mismos, pienso que organizaciones de defensa podrían tener un importante papel persuasivo frente al poder de los medios. Mejorar la participación ciudadana es, a fin de cuentas, una eficaz forma indirecta de exigir que las instituciones, también los medios de comunicación, cumplan con las mayores fidelidades su deber. 

En realidad, de otros instrumentos como tribunales de ética, altos consejos, etc., desconfío un poco, sobre todo por la escasa viabilidad que tiene finalmente su acción y los peligros de permeabilidad en sociedades con un fuerte sistema de influencias en los grupos de poder. Esta desconfianza mantengo, al menos, mientras sobre aquellos consejos y tribunales  no se pruebe lo contrario.