Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

El pasado 19 de agosto la radiodifusión chilena conmemoró un nuevo aniversario: la celebración de ochenta años de existencia, que fue opacada por la denuncia de parte de la prensa en contra de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) de estar efectuando un “lobby secreto” con el Gobierno y parlamentarios, con el objeto de mantener las concesiones radiales otorgadas, en 1982, al amparo de la Ley General de Telecomunicaciones, más conocida como “Ley Pinochet de Telecomunicaciones”.
Mientras la ARCHI (entidad gremial que agrupa a las denominadas radios comerciales) ha desmentido a los cuatro vientos dicha situación. 

Estadísticas

Las estadísticas son decidoras. Los últimos datos entregados por la ARCHI señalan que, en Chile, existen de Arica a Punta Arenas (incluida Isla de Pascua y Tierra del Fuego) 1.264 radios comerciales (1094 en Frecuencia Modulada y 170 en Amplitud Modulada), que transmiten con potencias que bordean los 50 y 100 mil watts. 
De acuerdo al estudio “La Radio del 2000” realizado por el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y la empresa GESTRA, “el 99% de los chilenos escucha radio”. En promedio, oyen 4,6 horas diarias. Cifra similar a la registrada en países desarrollados como Alemania, Reino Unido, España e Italia.

Frente a los otros medios, la radio, es considerado el más cercano (62,4%), el que mejor los interpreta (54,7%) y con el que más se identifican (58,1%). A su vez, la radio es principalmente usada para oír música (91%), entretenerse (75%) e informarse (49,9%) 

Asimismo, según cifras extraídas del libro “La Libertad de Expresión en Chile”, en la actualidad, el capital extranjero “cuenta con más del 50% del ‘rating’ y, por lo tanto, capta más del 60% de la publicidad radial”. Al respecto, Abel Esquivel, secretario de la ARCHI –en el libro citado– afirma: “La llegada de estos capitales extranjeros ha significado una concentración muy importante de la propiedad que no se conocía en Chile”. Y agrega: “Creo que ahí hay una tarea pendiente de parte de la autoridad política, que ha aplicado a la radiotelefonía las mismas normas que cualquiera otra actividad económica”.

Operan también en Chile cerca de 200 radios comunitarias.

Génesis del conflicto

Las raíces históricas de la lucha por el dial, que se hizo pública el 2 de julio de este año, fruto de un artículo periodístico aparecido en <www.primeralinea.cl>, datan de la década del ochenta. El uso del espectro radioeléctrico en Chile, hasta esa fecha, era regulado por el Decreto con Fuerza de Ley N° 4 de 1959 o Ley General de Servicios Eléctricos, que fijaba las normas de operación del sistema y que puso fin a la facultad presidencial de otorgar el acceso a la emisión radial.

El 2 de octubre de 1982 este cuerpo legal fue reemplazado por la Ley General de Telecomunicaciones, disposición legal nacida sin discusión parlamentaria, puesto que en aquella época el Congreso había sido disuelto por la Dictadura del General Augusto Pinochet Ugarte. 

Los efectos de la nueva normativa fueron inmediatos. Casi de manera gratuita se entregaron concesiones radiales por 25 años a los nacientes empresarios de la radiodifusión. Así, poco a poco fueron desapareciendo las radios locales por falta de ingresos, las que fueron absorbidas por cadenas nacionales tales como Cooperativa, Chilena y Agricultura. Esta última ligada a la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y ferviente opositora al Gobierno de Salvador Allende.

El éxito financiero alcanzado en el negocio de la radiodifusión durante la Dictadura, abrió el hambre a los capitales extranjeros. A partir de 1990, la colombiana cadena Caracol y la venezolana–estadounidense Iberoamerican Media Partners, llegaron a Chile para comprar y crear nuevas radios. 

En cualquier caso, marzo de 1990 fue una fecha clave para la radiotelefonía chilena. Los nuevos bríos y colores de la Democracia y el deseo de retomar el desarrollo sustentable del país, interrumpido por la instauración del Régimen Militar, significaron el surgimiento de nuevos medios de comunicación. Específicamente, haciendo uso de un vacío legal, se iniciaron las transmisiones de las llamadas Radios Comunitarias, donde jóvenes, mujeres y hombres encontraron un espacio de expresión.

Pero el sueño duró poco. A mediados del año 1992, la Derecha Política en conjunto con la ARCHI acusaron constitucionalmente al entonces Ministro de Transportes y Telecomunicaciones del democratacristiano Gobierno de Patricio Aylwin. El objetivo fue modificar la ley de radiodifusión existente desde el 80 para silenciar las transmisiones de las nacientes radios. Estas siguieron funcionando en franca ilegalidad, hasta 1994, cuando se realizaron los cambios solicitados, estableciéndose en la Ley General de Telecomunicaciones lo siguiente:

• · Artículo N°3: Dentro de los servicios de radiodifusión sonora, el servicio de Radiodifusión de Mínima Cobertura constituye una subcategoría. Este servicio utiliza una estación de radiodifusión cuya potencia radiada no exceda de 1 watt como máximo, dentro de la banda de los 88 a 108 Mhz. Esto es, la potencia del transmisor y la que se irradia por antena no podrá exceder de 1 watt y su cobertura, como resultado de ello, no deberá sobrepasar los límites territoriales de la respectiva comuna. 

• · Artículo N° 13 B: Tratándose de servicios de Radiodifusión de Mínima Cobertura, la Subsecretaría de Telecomunicaciones regulará la optimización del uso del espectro radioeléctrico que se les ha asignado, según parámetros técnicos, para evitar toda clase de interferencias con los otros servicios de Telecomunicaciones. Al efecto, establecerá la cantidad de Radioemisoras de Mínima Cobertura que podrá autorizar en cada comuna, su frecuencia y las características técnicas del sistema que podrán usar en cada lugar del país, para la cual se solicite este tipo de concesiones.

La concesión y la modificación de estos servicios se regirá por las mismas normas que regulan las concesiones de servicios de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión, con las siguientes salvedades:

a. La concesión sólo podrá perseguir finalidades culturales o comunitarias o ambas a la vez. Asimismo, les queda prohibido radiodifundir avisos comerciales o propaganda de cualquier especie. 

b. El plazo de las concesiones será de tres años, renovables por iguales períodos.

c. La concesión será asignada a la postulante cuyo proyecto asegure una óptima transmisión, excelente servicio y el debido cumplimiento de los fines para los cuales se solicitó la concesión.

d. En caso que dos o más concursantes estén en condiciones similares, la concesión se resolverá entre estos por sorteo público.

En relación a las concesiones de radios comerciales se determinó lo que sigue:

• Artículo N° 8: Las concesiones de radiodifusión se otorgarán por 25 años respecto de los cuales la concesionaria gozará de derecho preferente para su renovación.

En pie de guerra

La reacción de la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI) ante el texto publicado en www.primeralinea.cl, donde su autor Manuel Torres escribió: “Pese a que el próximo año vence la llamada Ley Pinochet de las Telecomunicaciones –aquella que de manera casi gratuita entregó por 25 años la concesión a las hoy florecientes radios comerciales FM– y sin que hasta el momento se discuta en el Parlamento una nueva legislación, la ARCHI realiza un secreto e intenso lobby entre parlamentarios y funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones para mantener los derechos de frecuencia”; no se hizo esperar. 

En respuesta a los dichos de Torres, el Presidente de la ARCHI César Molfino en el sitio web de la institución, desmintió: “Es totalmente falso que ARCHI esté haciendo un lobby secreto para prevenir una situación de graves consecuencias para la radiodifusión. Desde hace varios años, ARCHI ha solicitado al Supremo Gobierno y al parlamento, la prórroga hasta el 2010 de las concesiones que vencen a partir del 2004. Esta ha sido una tarea pública que consta en la Subsecretaría de Telecomunicaciones, en las Comisiones de Telecomunicaciones del Senado y de la Cámara de Diputados”.

La razón esgrimida por Molfino, en la misiva, para solicitar la prórroga de las concesiones es, básicamente, el cambio tecnológico de lo análogo a lo digital, que deberán enfrentar los empresarios sin tener aún definido el marco técnico ni legal. “Se concretaría una injusticia manifiesta y discriminatoria al mantenerse vigente la renovación el 2004”, afirma. En cuanto a las radios comunitarias recalca: “ARCHI ha apoyado ante el Supremo Gobierno como ante el Parlamento, que se aumente la duración de las concesiones de mínima cobertura de tres a cinco años, sin alterar sus otras características”.

El futuro acuerdo

Con este panorama, en el que ambas partes se presentan inflexibles en sus respectivas posturas y, sin una posición clara del Gobierno, una posible solución al conflicto se torna lejana, inmensa y, tal vez, inalcanzable. No obstante, varias son las voces que se han alzado para entregar pistas plausibles de estudiar. Tal es el caso del docente Carlos Cádiz, quien ha dicho que “por la vía de modificar la ley, sería posible establecer –bajo ciertas limitaciones– la publicidad pagada”. Para él, “esto vendría a solucionar en gran medida las actuales necesidades de recursos”.

Por el momento, no hay nada cierto. La Subsecretaria de Telecomunicaciones no ha emitido ninguna norma, sólo modificó en noviembre de 1998 el Plan General de Uso del Espectro Radioeléctrico, fijando la banda de 1.452 a 1.492 Mhz a la Radiodifusión Sonora Digital.

Sin embargo, con la actual disputa encarnizada por el dial análogo, casi utópico, suena a hablar de radio o concesiones digitales, pues como dijo la Doctora en Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca, Emma Rodero: “Ser digital es ser diferente. No se trata de una invención, sino que está aquí y ahora. Podríamos decir que es genético por naturaleza, ya que cada generación será más digital que la que le precede. Los bits que controlan ese futuro digital están cada vez más cerca”.