Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

Para comprender qué ha sucedido con el sistema de medios en el Chile posdictadura, se hace necesario analizar la estrecha relación entre el modelo neoliberal heredado de Pinochet y la democracia que ha construido la Concertación, coalición que lideró el retorno a la democracia después de 17 años de régimen militar y cuyo cuarto gobierno es encabezado por la Presidenta socialista Michelle Bachelet, la primera mujer en la historia de Chile que se ciñe la banda presidencial.

Un chiste que circulaba en la década de los 90 entre periodistas del área económica se refería a la visita que hizo a Chile el año 1975 el padre del neoliberalismo, Milton Friedman, a quien un reportero le preguntó cuál era la opinión que tenía de sus discípulos, los llamados Chicago Boys. Friedman respondió muy acongojado que nunca pensó que resultarían tan fanáticos.
Si bien la respuesta del Premio Nobel de Economía 1976 entra en el campo de la ficción, no deja de tener un asidero en la realidad, puesto que la implementación de la política neoliberal durante la dictadura militar de Pinochet fue en todos los aspectos un experimento radical, una política de shock que buscó transformar no solo la estructura económica y política del país, sino también los hábitos sociales y culturales de los chilenos. Hoy existe consenso, tanto en los intelectuales de izquierda como de derecha, en cuanto a que el gobierno de Pinochet realizó su propia revolución, claro que de muy distinto signo de la que quería llevar a cabo el Presidente Salvador Allende y su alianza de partidos políticos: la Unidad Popular.

Entre las múltiples consecuencias que ha tenido para el país la instauración por la fuerza del modelo neoliberal, una de las principales ha sido el cierre de diversos medios de comunicación tras el retorno de la democracia en 1990, luego que Pinochet perdiera el plebiscito de 1988. Muchos de esos medios comprometidos con la libertad de expresión y el derecho a la información, como los diarios La Época, Fortín Mapocho, El Metropolitano, Plan B, Diario Siete; las revistas Apsi, Cauce, Análisis, Hoy, Rocinante, Lat 33; canal de televisión Rock and Pop, también cumplieron un rol esencial en la defensa de los derechos humanos y la recuperación de las libertades civiles y políticas. Hay que agregar que la calidad de los actuales medios de comunicación chilenos habla por sí sola de la calidad de nuestra democracia.
 

Democracia y tutelaje

Resulta paradojal, por decir los menos, que en estos 17 años de democracia la mayoría de las normativas legales que rigen el sistema político, económico, social y cultural del país sean las mismas que impuso la dictadura de Pinochet, partiendo de la Constitución de 1980, aprobada en un plebiscito irregular, sin registros electorales ni partidos políticos legalizados y bajo un estado de miedo colectivo. Tal como sostiene el sociólogo chileno Felipe Portales, la Concertación de Partidos por la Democracia no ha cambiado un ápice de la herencia dictatorial en lo que se refiere a “las leyes que limitan el rol del Estado en la economía, que rigidizan el sistema de propiedad, conculcan los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, atomizan a los sectores medios y populares, y establecen sistemas mercantiles de salud, educación y previsión”. Es más, aún hoy persiste el sistema electoral binominal ideado por la dictadura, cuya finalidad es igualar antidemocráticamente la minoría con la mayoría.

El programa político de la Alianza Democrática, antecesora de la Concertación, establecía en julio de 1984 que el retorno a una democracia plena solo era posible si se derogaba la Constitución de 1980 y se restablecía la totalidad de los derechos conculcados a los chilenos por Pinochet. Para los políticos de entonces, muchos de los cuales están actualmente en el Parlamento, no había posibilidad de cambio democrático con una carta fundamental que no era fruto de la voluntad soberana del pueblo.

Curioso resulta, entonces, como bien plantea Felipe Portales, que sin haberse cumplido ese requisito fundamental, ya en agosto de 1991, el Presidente Patricio Aylwin diera por concluida la transición. Dice Portales: “Y lo que en 1984 se consideraba, con toda propiedad, como requisitos ineludibles para la existencia de una democracia, en 1991 se empezó a concebir como simples factores de perfeccionamiento de ella… En otras palabras, Aylwin y el liderazgo de la Concertación comenzaron a ver a la Constitución de 1980, en sus preceptos permanentes, como democrática, solo que imperfecta”. Más aún, el propio Aylwin, en septiembre de 2003, sostenía que si bien le incomodaba el sistema binominal, reconocía que éste le daba estabilidad al sistema político, pues permitía establecer gobiernos de mayoría.

Una posible respuesta a esta aceptación por parte de la Concertación de los enclaves autoritarios presentes en nuestro sistema político, es lo dicho por el exministro Secretario General de la Presidencia de Aylwin y ex senador designado, Edgardo Boeninger: “Las propuestas del programa (de Aylwin) comprometieron un marco para el orden económico que, sin perjuicio de sus evidentes propósitos electorales, tuvo el sentido más profundo de reducir el temor y la desconfianza del empresariado y de la clase media propietaria, condición necesaria para poder sostener, en democracia, el crecimiento sostenido de la economía logrado a partir de 1985. El indudable éxito técnico del equipo de (Hernán) Büchi sustentó los planes políticos del régimen, en cuanto puso rápido término a la crisis e inició un proceso dinámico de crecimiento que se ha mantenido. La economía no puede haber tomado el rumbo dinámico que continúa hasta hoy, si no se hubiera producido una transformación espectacular en la clase empresarial. De su dependencia del proteccionismo y clientelismo estatal, los empresarios pasaron, en poco más de una década, a destacarse en la innovación tecnológica y de gestión, la conquista de mercados, la capacidad de tomar iniciativas y gestar nuevos negocios”.

El razonamiento de Boeninger, un líder histórico de la Concertación, ha sido la carta de navegación de los gobiernos de Aylwin y Eduardo Frei Ruiz-Tagle -ambos democratacristianos- y de los socialistas Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. En esencia, la Concertación, para gobernar, ha utilizado la fórmula de maquillar cosméticamente como democrático el sistema político instaurado por la dictadura, para mantener un modelo económico, social y cultural neoliberal, heredado, y que solamente en privado la mayoría de sus dirigentes se atreve a reconocer, a regañadientes, como exitoso.
 
Prensa y mercado
 
La negativa de los gobiernos de la Concertación, para desarrollar una política comunicacional que favorezca la libertad de expresión y el derecho a la información de todos los chilenos, ha tenido como consecuencia el cierre de numerosos medios de comunicación, sobre todo escritos, o que grandes conglomerados económicos nacionales y transnacionales concentren la propiedad del sistema de medios. En los hechos, solo dos grupos controlan casi el 80 por ciento de la propiedad de los medios de comunicación, incluyendo la participación en radio, televisión e Internet: El Mercurio S.A. y Copesa. Ambos manejan los siete diarios de mayor circulación del país, quedando fuera de su control La Nación, que es del Estado; Publimetro, de circulación gratuita; y el diario de Economía, Estrategia. Esta situación ha atentado de manera considerable contra el pluralismo de la prensa chilena y, por ende, contra la calidad de la democracia.

La falta de una política pública de comunicaciones dejó en manos de los privados el sistema de medios, mayoritariamente controlado por la derecha política y económica, con lo cual los gobiernos de la Concertación entregaron en bandeja a la oposición, nostálgica de la dictadura, la construcción de la agenda noticiosa. En la práctica, estos medios imponen a la opinión pública los temas que le reportan mejores dividendos políticos y electorales, como la delincuencia, la inseguridad ciudadana y la corrupción, dejando de lado aquellos que permiten una profundización de la democracia a partir de la ampliación de la tolerancia, la aceptación de la diversidad o una mayor participación ciudadana. Discusiones como el aborto, el embarazo adolescente, la precariedad laboral, la desigualdad en educación o la redistribución de la riqueza solo aparecen en la agenda de los medios cuando se espectaculariza la información.

Uno de los principales intelectuales concertacionistas, el sociólogo y ex director de la Secretaría de Comunicación y Cultura del gobierno de Aylwin, el socialista renovado Eugenio Tironi, justificó la falta de compromiso de los gobiernos democráticos con los medios de comunicación alternativos a la prensa de derecha, como una consecuencia natural de la mano invisible del mercado; incluso sostuvo la paradoja de que sería la propia opinión pública la que, al desinteresarse de los temas políticos, consolidara la democracia en el país. Así, el actual sistema de medios solo asumió, inocentemente, las nuevas demandas de unas audiencias satisfechas política y económicamente: “Los medios de comunicación -primero la televisión y la radio, luego la prensa escrita-, guiados por sus propios estudios de mercado, irán inevitablemente ajustándose a este nuevo estado de la opinión pública. Así como ayer los medios contribuyeron a la liberalización política y a la transición democrática, empujados por la “mano invisible” de un público que exigía congruencia, hoy los medios, -siguiendo otra vez a la opinión pública- toman distancia de los conflictos políticos e ideológicos y contribuyen al proceso de consolidación democrática”. Es decir, que la actual farandularización y espectacularización que se aprecia en la prensa nacional sería un síntoma de la democratización del país. Esta reflexión, sin duda, es compartida por la clase política chilena, que actúa en su conjunto sobre la base de persuadir a un consumidor más que a un ciudadano.

La principal crítica de la prensa independiente apunta al rol del Estado en materia de comunicación, que se intensifica por el escaso interés de los dos últimos gobiernos socialistas de la Concertación. Muchos actores del sistema medial esperaban que tanto Ricardo Lagos como Michelle Bachelet apoyaran la proliferación de una prensa democrática, como una expresión postergada de las libertadas recuperadas en 1990. Nada de eso ocurrió, sino todo lo contrario. El apoyo estatal ha sido nulo y la frustración en el gremio periodístico ha crecido aún más porque el gobierno de la Presidenta Bachelet tiene, por primera vez en 17 años, mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado.

Carlos Monge, ex editor del desaparecido matutino de centroizquierda Diario Siete, que dejó de circular en el 2006, resumió en pocas palabras la política comunicacional de los gobiernos de la Concertación: “Hubo una política de gobierno, de entrada, con Aylwin, donde la persona que se encargó de comunicaciones fue Tironi, que representa el ultraliberalismo. Dijo, la mejor política es la no política y que sobrevivan los que se la puedan”.

 El hecho que los gobiernos de Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet hayan contribuido, por acción u omisión, a la desaparición de los medios de prensa comprometidos con el retorno y profundización de la democracia, también ha ido de la mano con la falta de voluntad política para rearticular a la sociedad civil, a través de los sindicatos, colegios profesionales, juntas de vecinos y cooperativas anulados por la dictadura.

En ese sentido,  el sociólogo Felipe Portales explica que la democracia tutelada por los poderes fácticos -empresariado, militares e Iglesia- y el modelo neoliberal impuesto por la dictadura, “han sido consolidados por el propio liderazgo de la Concertación, el cual ya había autodestruido todos los diarios y revistas surgidos en la década del 80 y había logrado la adaptación de la generalidad de la población a la atomización social, el consumismo económico y la impotencia política”.
 

El aporte de Pinochet

En una reveladora entrevista concedida a la revista Cosas en mayo de 2000, el actual ministro de Relaciones Exteriores, el economista democratacristiano Alejandro Foxley, expresaba el pensamiento oculto de la dirigencia concertacionista. Sus palabras  sorprenden por la sinceridad y el pragmatismo al reivindicar la obra del dictador: “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 1973, que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar -que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en ese momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa contribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida”. De acuerdo con el informe Rettig (como se conoce en Chile al informe de 1991, de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, sobre las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet), el modelo neoliberal impuesto por la dictadura de Pinochet y consolidado por los gobiernos de la Concertación costó la vida de 1.200 detenidos desaparecidos, 30 mil torturados y casi un millar de exiliados y relegados.

Al respecto, Felipe Portales explica que la valoración del éxito macroeconómico del modelo neoliberal impuesto por Pinochet permite entender las razones de por qué el liderazgo de la Concertación abandonó la búsqueda de justicia, en los casos de violaciones de derechos humanos: “Si la obra económica-cultural de la dictadura se visualiza en términos tremendamente positivos, y si se considera que dichas transformaciones no pudieron efectuarse sino por medios dictatoriales, es inevitable que las violaciones de derechos humanos conexas adquieren mucho menor gravedad”. En definitiva, para la Concertación las vejaciones y sufrimientos que sufrieron miles de chilenos fueron un mal menor, a los cuales hace referencia cada cierto tiempo solamente para conseguir beneficios electorales.

Otro chiste que circulaba en el año 2000 señalaba que el dueño del decano de la prensa nacional, el diario El Mercurio, un activo agente conspirador contra el gobierno de Salvador Allende, ante el inminente triunfo del socialista Ricardo Lagos ordenó ampliar las páginas de la sección Vida Social, de dos a cuatro, para dar un merecido recibimiento a los nuevos inquilinos del palacio de La Moneda.
 
 

SIP aprobó envío de investigadores a Chile

El 21 de marzo se informó que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) resolvió enviar una misión a Chile, para informarse de las investigaciones ordenadas por el Legislativo sobre la repartición de publicidad gubernamental “para beneficiar a algunos medios en perjuicio de otros”.
Las investigaciones en curso han obligado a algunos medios de comunicación a entregar “antecedentes comerciales estratégicos”, expuso el organismo continental en su reunión semestral que desarrolló en marzo en el puerto colombiano de Cartagena.

También preocupó a la SIP que, de acuerdo con el congreso chileno, en ese país “no habría suficientes garantías para la libertad de expresión en los términos establecidos en el pacto de San José de Costa Rica, y que estima insuficiente la diversidad y el pluralismo que existe entre los medios de comunicación del país”.

La comisión que visitará Chile, en fecha aún indeterminada, verificará también “las limitaciones que han advertido los diputados a la libertad de expresión en ese país”.