Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

Tal como lo anunciara el presidente Hugo Chávez seis meses atrás, el 27 de mayo a la medianoche se apagaron los equipos del canal más antiguo de Venezuela. De esa forma, Radio Caracas televisión (RCTV) dejó de transmitir, tras 53 años de historia, estando al momento del cese en el primer lugar de audiencia con un encendido cercano al 40 por ciento en todo el país.

Las consideraciones políticas y comunicaciones de esa medida ya fueron ampliamente revisadas en Chasqui 98 de junio. En este artículo, en tanto, nos detendremos en la propuesta estatal que sustituyó a RCTV a partir del 28 de mayo de 2007, y cuya puesta al aire se justificaba, según la tesis gubernamental, por la necesidad de una televisora de servicio público en el país. Desde nuestra perspectiva, fueron razones netamente políticas las que llevaron al cese de RCTV en la señal abierta, y la cuestión del servicio público fue usada como coartada para incidir en la opinión pública.

RCTV volvió al sistema de cable y satélite el 16 de julio, bajo la figura de RCTV con operaciones desde los Estados Unidos. Sin embargo, dos semanas después entró en debate su permanencia, pues la Comisión Nacional de Telecomunicaciones no reconocía su carácter de medio internacional, al igual que CNN o Warner Channel, y las autoridades le solicitaban su inscripción como productora nacional y por tanto obligada a cumplir, entre otras cosas, con las cadenas presidenciales.

La opción del servicio público

Los ministros Jesse Chacón y William Lara, titulares de Telecomunicaciones y de Información, respectivamente, pusieron sobre el tapete, a lo largo del primer semestre,  la opción de servicio público para suplir la anunciada salida del aire de RCTV. No es un asunto menor, se trata técnicamente de una señal con cobertura nacional, cuya concesión manejaba este grupo por más de medio siglo. Esta propuesta gubernamental, que incluso echó mano (en el discurso) del Proyecto RATELVE, en realidad es una operación política para desviar la atención de la opinión pública. Nos contamos entre los venezolanos que desde hace largos años cuestionamos el manejo de la pantalla televisiva nacional; sin embargo al castigar a RCTV y no colocar en debate el manejo de las otras señales gubernamentales como VTV, Vive y ANTV, junto a la realineación política de las estaciones privadas Venevisión y Televén, como parte sustancial del problema mediático, se pone en evidencia una clara operación gubernamental, que difícilmente puede RCTV dar como dividendos la añorada televisión de calidad.

Para quienes no lo recuerdan o no tienen edad para saberlo, RATELVE fue un completo proyecto que se publicó en 1977, en Venezuela, que básicamente propugnaba por un modelo de radio y televisión pública. Con RATELVE, el país hizo un aporte significativo al debate latinoamericano que propugnaba por la democratización de las comunicaciones. La falta de voluntad política para su aplicación terminó convirtiéndolo solo en documento de estudio. Años después, se reformularon algunas banderas del concepto de servicio público, entendiendo lo público más allá de lo estatal, colocándole límites a la intervención gubernamental, y poniendo el acento en los roles que pudieran cumplir ciudadanos y académicos.

Teniendo estas referencias como telón de fondo, entonces, las repetidas declaraciones de Chacón y Lara, en torno al servicio público, una vez que saliera RCTV, deben ser vistas en su justa dimensión. Ambos hablan como si fuese la primera vez que el gobierno del presidente Chávez administra una señal de radio o televisión, cuando en realidad han sido largos años con diversas frecuencias bajo su responsabilidad, y ni siquiera se dieron intentos para ensayar un servicio de vocación pública. Tanto Chacón como Lara, además, han tenido posibilidades administrativas -dada su condición de ministros en el área- de transformar en servicio público la señal de la televisión estatal, VTV, o de Radio Nacional de Venezuela, ¿por qué no lo hicieron?

Un estudio realizado en el año 2004 por el investigador Bernardino Herrera, del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (ININCO-UCV), comprobó que más del 70 por ciento de un día de programación regular de VTV, la principal señal estatal antes del 27 de mayo estaba formada por información-opinión sesgada, propaganda partidista-gubernamental y la repetición de las alocuciones presidenciales. Chacón precisamente era ministro de Comunicación e Información para la época. ¿Eso es lo que se entiende por servicio público? En España, de forma paralela a lo que viene sucediendo en Venezuela durante la era Chávez, la llegada de Rodríguez Zapatero al poder tuvo como correlato un replanteamiento a fondo en el manejo de la radio y televisión estatal, para convertirla genuinamente en un modelo con vocación pública. En todos los documentos españoles se resalta –justamente- la necesidad de pluralidad en los contenidos y la defensa de la diversidad como acento neurálgico de la libertad de expresión.

A pesar que el presidente Chávez había anunciado el cese de la licencia para RCTV, con seis meses de antelación, solo 15 días antes supo la ciudadanía lo que vendría en su lugar; no se trató de una campaña de intriga, sino de improvisación. Al revisar las declaraciones públicas del primer semestre de 2007, se observa una disparidad de criterios en el alto gobierno sobre qué hacer con la frecuencia que quedaría libre: desde otorgársela a otro privado, hasta crear cooperativas para su administración. Finalmente, se impuso lo que viene siendo la lógica gubernamental: estatizar. El 14 de mayo, con el decreto presidencial 38.682, se dio nacimiento oficial a la Fundación Televisora Venezolana Social (TEVES), que dos semanas después estaría al aire.

TEVES es una fundación gubernamental sin fines de lucro. Los fondos los aporta el Ejecutivo, y está adscrita al Ministerio de Información y Comunicación. Cinco de los siete miembros de la directiva son nombrados por el Ejecutivo y son de libre remoción. La primera directiva designada está integrada por personas sin experiencia previa en el manejo de la televisión, pues si bien su presidenta, Lil Rodríguez, es una conocida periodista especializada en la música caribeña, su trayectoria profesional es básicamente radiofónica. Así las cosas, con poco tiempo para implementar un proyecto, y sin un sólido equipo profesional, TEVES salió al aire el 28 de mayo a nivel nacional.

Sobre este aspecto hay una decisión judicial pendiente. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió el viernes 25 de mayo que los equipos de transmisión de RCTV debían prestar un servicio público y pasaron a ser usados por TEVES, siendo resguardados por las Fuerzas Armadas. RCTV no ha recibido una compensación económica ni tampoco se estableció un lapso para este “préstamo” forzoso.

Fracaso notorio

El fracaso ha sido tan notorio que hasta una figura muy cercana al poder como José Vicente Rangel, hasta hace poco vicepresidente y hoy de nuevo en la arena periodística, criticó públicamente al proyecto. El público también dio una respuesta negativa: en junio la audiencia fue de solo cinco por ciento, de acuerdo con la empresa de medición AGV. Cuando RCTV usaba esa frecuencia la audiencia rondaba el 40 por ciento.

En este contexto, una pregunta que flota entre muchos venezolanos -y no pocos son militantes del proceso bolivariano- es: ¿todo el rollo que se armó en el país fue para esto? La salida del aire de RCTV por señal abierta implicó largos meses de debates públicos, cuantiosos recursos estatales en “explicar”, dentro y fuera del país, sin que ello mermara la condena internacional o la desazón local, amén de someter a la población venezolana a uno de los debates más maniqueos de los últimos años. Se trató de vender la medida como un acto eminentemente administrativo, cuando en realidad asistíamos a una clara retaliación política contra la línea editorial de RCTV. Los inéditos pronunciamientos públicos de Gustavo Cisneros para explicar la posición de su canal Venevisión, durante el mes de julio, corroboran lo que a todas luces se sabe: el tema de las concesiones fue un hecho eminentemente político.

Ha sido la crónica de un desacierto anunciado. Cualquier propuesta televisiva, y con mayor razón una que se autodenomina de servicio público, debe evitar la improvisación. En este caso, aunque ya el gobierno tenía largamente decidido el cierre de RCTV, y para ello basta remitirse a declaraciones del presidente Chávez, no fue sino a escasos días del cese que se puso en marcha lo que sería la nueva propuesta.

No puede ser de servicio público una emisora que se asume, desde el inicio, con una parcialidad política, con lo cual ya excluye a una parte del país, que si bien no respalda en las urnas al proyecto del presidente Chávez, son tan venezolanos como cualquier otro. Lil Rodríguez ha enfatizado que en la pantalla de TEVES no habrá espacio para la oposición. Ella misma, por otro lado, ha tenido que salirle al paso a situaciones que reflejan la improvisación: el 4 de junio debió sacar del aire la serie “Viajes: Destino X”, por no tener el permiso respectivo de transmisión, mientras que el 26 de junio la emisora quedaba sin espacio informativo por diferencias entre la directiva y el equipo de producción independiente. Rodríguez ha anunciado ajustes al documento constitutivo de la fundación, pues prevé que la fundación solo administre el espacio y no establece que produzca espacios, lo cual -a su juicio- es un error.

De acuerdo con un primer estudio sobre TEVES (publicado en la edición 138 de la revista Comunicación, que edita el Centro Gumilla www.gumilla.org.ve), realizado por Gustavo Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la Comunicación (ININCO-UCV), al analizar tres días de la programación del nuevo canal, resalta que el 60 por ciento de la producción es extranjera, lo cual contradice la Ley de Responsabilidad Social, no cumple tampoco la pauta de contar con varias horas de productores nacionales independientes, y alrededor de un 15 por ciento del espacio transmitido se dedica abiertamente a la propaganda gubernamental. El investigador constató que un mensaje, planteando la necesidad de encaminar al país hacia el socialismo del siglo XXI (la propuesta del presidente Chávez), apareció hasta 50 veces en un día.

En otros países, y Chile es un buen ejemplo para no irnos a Europa, existen algunos consensos. El primero es que justamente la televisión de servicio público debe ser la más democrática y la menos sectaria. También hay bastante acuerdo en la necesidad de que esta pantalla contribuya definitivamente al entretenimiento, tratando de superar la banalidad que impera en la pantalla comercial, pero haciendo genuinas producciones que se conecten con las audiencias. Nada de eso, lamentablemente, ha caracterizado el nacimiento de TEVES.

Al revisar el contexto mediático venezolano, no puede dejarse a un lado el tema de las cadenas nacionales de radio y televisión. Desde que asumió el poder, en 1999, el presidente Chávez comenzó a pervertir el mecanismo de las cadenas. A quien no vive en Venezuela debe explicársele que las cadenas es el nombre de un mecanismo, ratificado en la ley, que le otorga al poder Ejecutivo un uso absolutamente discrecional del espectro radio eléctrico. Durante el tiempo de las cadenas, ninguno de los 26 millones de habitantes del país pueden tener un mensaje distinto en sus aparatos de radio o televisión, salvo que tengan un servicio de suscripción privada y así refugiarse en la televisión foránea. Vale comentar que en Venezuela se han interrumpido juegos decisivos del béisbol profesional o se han postergado capítulos clímax de telenovelas, porque el presidente Chávez decidió a último minuto que su palabra debía ser oída por todo el país. ¿Qué pasaría en Argentina, por ejemplo, si Kirchner interrumpe con un mensaje a la nación un partido River-Boca, o si Lula se encadenara y dejara al pueblo brasileño sin posibilidad de elegir cuál telenovela ver?

Con anterioridad a la llegada del presidente Chávez al poder, su uso se limitada a las fechas patrias, a alocuciones que tenían un peso en la política pública del país o con motivo de decisiones gubernamentales de envergadura. Gracias a la matriz de opinión gubernamental, las cadenas comenzaron a justificarse en aras de hacer frente a la guerra mediática de los privados. En tanto, el programa  Aló, Presidente ha devenido en una especie de semicadena, dado el alto número de medios gubernamentales que lo transmiten de forma simultánea.

Hasta el pasado 26 de mayo, y desde que asumió el poder en febrero de 1999, el presidente Chávez ha dado 1.542 cadenas. Eso quiere decir que cada dos días hay una. ¿En cuál horario? Sencillamente en el que se le antoje al jefe de Estado. En total son 922 horas con 43 minutos. Eso equivale a unos 38 días (y sus noches) de absoluto monólogo comunicacional, en los últimos ocho años en Venezuela.

El programa Alo, Presidente, esa especie de semicadena en la que se suman los medios oficialistas los días domingos, suma –también hasta el 26 de mayo- un total de 1.006 horas. Esa suma equivale a 41 días, y sus respectivas noches.

Desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión, efectivamente el Estado tiene la potestad de administrar y manejar el espectro radioeléctrico, pero este es un bien común. Su uso excesivo, discrecional y en no pocos casos convertido en herramienta de una parcialidad política, termina desvirtuando y desdibujando el papel del gobierno. Toda una contradicción  con el sentido de lo que debería ser un servicio público.