Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

No son buenas épocas para la prensa argentina. Y no por su nivel de ventas, sino por su evidente falta de independencia. Desde la llegada de la democracia en 1983 con la presidencia de Raúl Alfonsín, nunca se había visto tal grado de sujeción de los medios -especialmente gráficos y televisivos- hacia un gobierno. El panorama es claro. El presidente Néstor Kirchner tiene una estrategia rotunda: basar su mandato en la concentración de poder. Y aquí la prensa no podía quedar afuera. Un ejemplo relevante: la publicidad oficial -destinada a difundir actos gubernamentales, y clave para la subsistencia económica de los medios- es manejada por el gobierno de un modo arbitrario; aquellos medios “amigos” reciben una cuantiosa cantidad de dinero a través de la publicidad oficial. En tanto, los llamados medios críticos son “castigados” en esta repartición.

El año pasado, el diario Perfil y la revista Noticias, ambos de Editorial Perfil (www.perfil.com) y con tendencia opositora, dejaron de percibir el dinero de la pauta oficial, con la clara intención de ahogarlos económicamente y poner fin, lentamente, a su existencia, aunque aún siguen de pie. Mientras, medios afines al gobierno o vinculados con el poder estatal reciben un monto desproporcionado de publicidad oficial, ya que la mayoría de las veces el volumen de venta no se corresponde con la cantidad de avisos que perciben, aun cuando la tendencia mundial es entregar un mayor avisaje de ese tipo a los medios de mayor venta.

Esta política del kirchnerismo no termina allí: con el objetivo de hacer callar y desmoronar voces disidentes a cualquier precio, el gobierno presiona a importantes empresas privadas para que no publiquen avisos en medios “enemigos”. Mediante esta práctica de distribución inequitativa de dinero público, el gobierno puso de su lado a varios empresarios periodísticos, que se ven beneficiados con ciertos “favores”. Así, es improbable que salgan a la luz pública hechos que ayudarían a dañar su imagen.

Por lo tanto, la libertad de prensa -y podemos sumarle la de empresa- hoy en Argentina está bastante limitada. Según reza el Informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del año pasado, en Argentina la prensa se desenvuelve con una libertad no exenta de condicionamientos, que se manifiestan en presiones solapadas, interferencias en las comunicaciones, expresiones verbales desacomedidas con destinatario directo o insinuaciones a los medios en que trabajan. Otro informe anual, en este caso del Freedom House, una de las instituciones que promueve la democracia, los derechos humanos y la libertad en 194 países, informó que Argentina había caído del puesto 41 en el 2005 al 45 en el 2006, porque no habían cesado los agravios, acosos y presiones a los medios de prensa.

Otra entidad, el Indicador de Libertad de Prensa y Desarrollo Económico, colocó a Argentina en el puesto 10 en América Latina, bajando su puntaje de 0,428 en 2005, a 0,393 en 2006. Y a nivel mundial, el país ocupa ahora el puesto 57, detrás de Perú (53), Bolivia (54), Brasil (55) y México (56) y antes que Ghana, Macedonia y Bosnia. La Argentina continúa con su problema, que se pone de manifiesto en el gobierno de Néstor Kirchner, sobre la asignación arbitraria de publicidad y el trato tenso con la prensa, destacó el informe.

Tradicionalmente y a lo largo de su historia, en Argentina hubo libertad de prensa, salvo en aquellos casos en que los gobiernos militares y de facto asumieron el control del país. Un momento de ruptura en la mitad del siglo pasado fue durante el gobierno de Juan D. Perón, donde el control ejercido sobre los medios de comunicación fue rígido, ya que no se permitía la crítica hacia la política de Estado. Luego, en los siguientes mandatos se sucedieron alternativas democráticas y de facto. Pero fue con el control del gobierno a manos de la Junta Militar en marzo de 1976 cuando la censura se apoderó de la prensa argentina y hasta 1983, cuando un régimen democrático se hizo otra vez con el poder, la gran mayoría de la prensa fue funcional al gobierno militar. Una de las disposiciones emitidas por la Junta Militar a partir de 1976 ponderaba el control de los órganos de difusión por medio de la aplicación taxativa de las leyes correspondientes modificadas convenientemente, a fin de que sirvan a la obtención de los objetivos básicos establecidos.

Los medios de comunicación en aquella época no mencionaron actos gubernamentales tales como el apresamiento de ciudadanos inocentes considerados “subversivos”, ni publicaron listados de personas “desaparecidas” (según datos oficiales, hubo 30 mil desaparecidos durante este régimen militar). Uno de los pocos medios que no acató la medida fue el diario La Opinión, con consecuencias nada benéficas: en abril de 1977 detuvieron a su director Jacobo Timerman, lo encarcelaron y luego le aplicaron arresto domiciliario. El diario, a su vez, fue intervenido militarmente y el gobierno nombró un administrador oficial y un director. En aquellos tiempos, la prensa ya no tenía derechos. La televisión estaba en manos del Poder Ejecutivo y los diarios eran manipulados.

Luego, en los sucesivos períodos democráticos, con los gobiernos de Raúl Alfonsín (83-89), Carlos Menem (89-99), Fernando de la Rúa (99-2001) y Eduardo Duhalde (2002-2003), la relación prensa-política fue normal, con tendencias que podían ser de mayor libertad o presión según el mandatario de turno, pero con la firme convicción de que efectivamente la prensa podía erigirse como ‘cuarto poder’ y vigilar las acciones de sus dirigentes. A modo de ejemplo, cabe mencionar que ningún presidente tuvo tantas portadas ni notas en contra como Menem, pero no se dieron ataques hacia la prensa, más allá de algún juicio personal por “calumnias y/o injurias”.

Ahora, este panorama es diferente: el presidente Kirchner no concibe que exista una prensa independiente. Como ha dejado en claro la Sociedad Interamerican de Prensa (SIP) en su informe anual, en Argentina la prensa sufre los sinsabores que provoca una cultura política que no ha alcanzado a desterrar del todo cierto rasgo de autoritarismo. Kirchner no concede entrevistas: sólo lo hace una vez al año, los 25 de Mayo, fecha patria  que conmemora la gestación del primer gobierno propio del país en 1810. Luego, se dedica a montar conferencias de prensa esporádicas, sin dar oportunidad a que los periodistas efectúen preguntas.

En el amparo presentado por Perfil, la editorial pidió que el Poder Ejecutivo Nacional cese de modo inmediato con su política discriminatoria con relación a la exclusión exprofesso de la pauta publicitaria oficial a las revistas ‘Noticias’ y ‘Fortuna y al diario ‘Perfil’, y de toda persecución y/o exclusión de la información dentro del ámbito de la Administración Pública Nacional de los cronistas y fotógrafos de esos medios y que se declare la ilegitimidad manifiesta y antijurídica al abusar de la discrecionalidad de los fondos públicos para censurar a la revista ‘Noticias’ y al diario ‘Perfil’. Aún sin resolver, este amparo sienta un precedente en el periodismo argentino.