Chasqui - Revista Latinoamericana de Comunicación

No hay mal que por bien no venga. El cierre  manu militari de RCTV, sin mediar procedimiento judicial y contra la opinión del 80 por ciento del país, hizo que la “libertad de expresión” pasara a ser en Venezuela el tema de discusión  por antonomasia. Una cosa es la exégesis académica, otra el peso de apabullantes realidades: una ocasión preciosa para convertir un tópico en valor a repensar, reasumir y actualizar.

Primera apostilla

 

Entre los derechos de primera generación ¿cuándo y dónde aparece por vez primera la “libertad de expresión” (probablemente nacida en inglés como freedom of expression)?  El Bill of Rights inglés, 1689, habla de freedom of speech,  la Declaration of Human Rights de Virginia, 1776, de freedom of the press, el Bill of Rights norteamericano, 1791, de freedom of speech or of the press, la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, 1789  (¡oh sorpresa!) de la libre communication des pensées et des opinions, la bolivariana Constitución de Angostura, 1819,  del derecho de expresar sus pensamientos y opiniones, la Declaración Universal, 1948, de libertad de opinión y de expresión, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1969, de libertad de pensamiento y expresión, la Declaración  sobre la Libertad de Expresión de la OEA, 2001, de derecho a comunicar sus opiniones. ¿Qué connotamos pues al mentar la “libertad de expresión”: la libertad de palabra, de expresión o de comunicación?  Son matices capitales: entre la palabra y el comunicar media no solo una vorágine tecnológica, sino un abismo filosófico. Palabra y expresión emanan de filosofías individualistas, comunicar de concepciones  socio-políticas del mundo. ¿Y qué sabe el individualismo del “comunicar”?: individuum est incommunicabile, se insistió durante siglos. ¿Convenceremos al Norte protestante a  adoptar la fórmula de 1789: libertad de comunicar, en lugar de la egoísta  y algo contradictoria  “libertad de expresión”?   

 
Segunda apostilla 

 

Seamos sinceros: la mayoría de los  argumentos jurídico-políticos en pro de la libertad de expresión -forjados  en épocas en que el derecho exigido no trascendía el “parler, écrire et imprimer librement” (Décl. de 1789)-  conserva cierta validez silogística pero  huele a moho y naftalina, obvia por ejemplo la lingüística y la comunicología.

 

La primera vendría a enseñarnos que el acto semiológico se perfecciona en su fase “pragmática”, de la relación signo-interpretante (el momento del comunicar), siendo  todo obstáculo  a la  pragmática   un atentado a la libre producción de signos significantes, ergo  a la esencia misma de la relacionalidad y politicidad humanas.

 

La segunda, a) que la nada lineal “libertad de expresión” es un complejo  prisma de cinco caras: libertad de acceso a fuentes, de código, de canal, de contenido y de interpretantes; y, b) que la “función pragmática” dejó su virginal naturalidad ante el obligado recurso al medio artificial, que convierte el “expresarse” en  un verdadero two steeps flow: donde agentes externos bloqueen el libre acceso a fuentes o el libre empleo de un medio; allí perdió el prisma de la “libertad de expresión” una o dos de sus cinco facetas.

 

Por eso, a los autócratas que empañan varias caras del prisma y aún sostienen que hay libertad de expresión, solo les quedan para demostrarlo los argumentos del siglo XVIII, pero ninguno del siglo XXI. Hoy, la expresión es un mero flatus vocis  donde le falte el poder de  “… difundirla, sin limitación de frontera, por cualquier medio de expresión…” según reza la segunda y siempre olvidada parte del Art. 19 de la Declaración Universal:”. En nuestro mundo, solo cuenta y pesa la libertad de comunicar. Los visionarios de 1789 estaban en lo cierto.