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México ha sido protagonista de diversos
escándalos políticos, todos ellos transmitidos en cadena nacional en
los diversos medios de comunicación. Los actores políticos se saben
observados por una opinión pública atenta a seguir las denuncias. Los
columnistas tienen material cada semana para reflexionar sobre los
riesgos de la democracia. No pocos políticos exigen controles y
regulación a los medios, y los medios ejercen su libertad sin
cortapisas, a veces sin verificar sus fuentes, dando lugar a verdaderos
escándalos.
En este país, la vinculación entre política y medios ha dado lugar a
una metamorfosis. Los políticos buscan dirimir la justicia en
tribunales mediáticos, antes que dar con la verdad jurídica. Su
preocupación es el poder de su imagen y no el ejercicio de la autoridad
con la que están investidos. Por su parte, los medios dejaron de ser la
arena de los asuntos públicos, intermediarios entre la sociedad civil y
política. Ahora, ellos son protagonistas y productores de escándalos
públicos; la nota son ellos, sus pleitos, las demandas judiciales y la
pugna con los actores políticos, asumiendo los comunicadores su
condición explícita de ser un adversario político más.
Tanto los medios como los políticos construyen sus expectativas en la
inmediatez del presente. Se busca la nota y el escándalo para subir el
rating, mientras los políticos están más preocupados por no aparecer en
ellas y subir en las encuestas de la popularidad. El tiempo del
discurso político es la coyuntura, no el futuro de una democracia ideal.
Transparencia, la alegoría de la política
Desde el inicio del sexenio del presidente Fox, los medios han
mantenido una relación ambigua con el poder. Por un lado, el gobierno
mexicano ejerce más un poder mediático que un poder de facto. Las
intenciones y los planes se difunden ampliamente, pero pocos se
concretan. El nuevo esquema de la publicidad oficial es distribuir la
propaganda solo en los medios de mayor rating. Por otro lado, la
presidencia mediática se enoja y se pelea con la crítica de los medios
a su gestión. Durante una gira, el presidente felicitó a dos mujeres
analfabetas por ser felices, esto es, el no saber leer los diarios las
alejaba de las vicisitudes de la política.
En un afán de volver transparente el ejercicio de gobierno ante la
opinión pública, el gobierno federal aprobó dos acciones: una ley de
transparencia y acceso a la información pública y la firma del convenio
anticorrupción con la OCDE en materia económica. La primera se
formalizó en el Instituto para la Transparencia, dependencia que
recibiría las peticiones de información, canalizaría éstas a las
dependencias y en un plazo de 20 días y daría una respuesta (positiva o
negativa). Pero son tantos los candados en la ley que el acceso a la
información es limitado. La segunda se concretó a través de la firma de
un convenio con la OCDE, en el que se señalan prácticas corruptas, y su
penalización. Pero este convenio ha sido en sí mismo paradójico. Los
escándalos públicos de funcionarios comprando toallas de baño de 200
dólares, colchones y accesorios por 3.000 dólares se dieron durante las
negociaciones del acuerdo. Estos ejemplos son anecdóticos en
comparación con otros de mayor tamaño.
Cuando se descubrieron estos y otros escándalos, el gobierno federal se
defendió, argumentado que ello era una muestra de la transparencia en
el ejercicio de gobierno. No se era corrupto sino transparente. Los
medios encontraron una veta importante para colocarse como artífices de
la opinión pública. Se publicaron libros de escándalo sobre figuras
relevantes como Martha Sahagún, esposa del presidente, de Andrés Manuel
López Obrador, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, entre otros. Lo
central era hurgar en el escándalo, el análisis político vendría
después.
De la trascendencia de la política a la política de los trascendidos
En el afán de buscar escándalos
políticos, muchos medios dan como notas ciertas los trascendidos. Los
políticos y ciudadanos revisan con especial cuidado los trascendidos
para saber quién aparece y por qué. Aquello es un albur, puede ser
cierta o no la relación del hecho con tu nombre, pero no escapas de ser
señalado. Aunque muchos de estos trascendidos han resultado ciertos, la
difusión de estos ha generado un clima donde el rumor impera como una
verdad y no como una opinión. Los ciudadanos han sido despiadados en
sus juicios ante estos trascendidos.
Otro aspecto de ello han sido los escándalos en los que los propios
medios son protagonistas. Aun cuando se ventilan formalmente las
diferencias entre los medios o a su interior, casi siempre recurrimos a
los trascendidos para conocer un poco más del trasfondo del escándalo.
Los medios en México pretenden ser vehículos para transparentar la
política, pero en su ejercicio interno son opacos ante la mirada de los
ciudadanos.
El escándalo protagonizado en diciembre de 2001 entre Canal 40 y
TvAzteca es la expresión máxima de la opacidad en la información. Por
un adeudo económico, TvAzteca demandó al Canal 40 ante tribunales
internacionales. Sin esperar el fallo definitivo, TvAzteca asumió
violentamente el control de Canal 40. Aunque ambas televisoras dieron
sus razones en defensa de su causa, los trascendidos dominaron: se
decía que el presidente había dado su aval un día antes, o que si a
Canal 40 lo respaldaban poderosos políticos.
Otros han sido los escándalos en medios, como el caso del noticiero
Infored, dirigido por José Gutiérrez Vivó, y el de mayor audiencia en
el país, en pleito con el Grupo Radio Centro. Sus disputas se
dirimieron en el tribunal internacional de París, con un fallo
favorable a Gutiérrez Vivó, obligando a GRC a pagar 21 millones de
dólares. Pero dicha empresa desconoció el laudo sacando del aire el
programa, y apelando después a instancias nacionales.
Quizá el caso de mayor repercusión ha sido el del diario El
Independiente. Su aparición en la escena de medios causó diversas
sospechas sobre el origen de los recursos y la trayectoria del dueño
Carlos Ahumada. Los rumores corrieron y los trascendidos inundaban las
páginas de revistas y periódicos. Se le acusaba de tráfico de
influencias con el gobierno de la Ciudad de México, recursos de
procedencia dudosa y de una red de corrupción a todos los niveles. A
pesar de tales acusaciones, Ahumada logró reunir un equipo editorial
con periodistas de prestigio y experimentados. Pero los trascendidos se
convirtieron en certezas y llevó a un escándalo en el que aparecieron
videos en los que se observa a Ahumada entregando cuantiosos recursos.
El escándalo cundió, el director del diario renunció desde su programa
de radio. El resto del equipo editorial intentó negociar con Ahumada
para asumir el control del diario. Al final, la mayoría abandonó al
diario a su suerte.
La moral en los medios, el video-escándalo político
Corolario de este ensayo son los videos
del escándalo, la corrupción gráfica. Según Barthes, una imagen no dice
más que mil palabras, es ella en principio una denotación, la
literalidad de lo que es observable. Existe otra dimensión que es la
connotación, lo no observable pero que orienta la imagen hacia una
intención. La connotación, es decir las intenciones, es un campo
minado, abierto a múltiples interpretaciones, donde cada uno da su
versión. Aun cuando la imagen de corrupción es contundente, los
involucrados aducen que no es lo que se ve, que el video está editado,
entre otras cosas. Pero la sociedad lo vuelve todo-imagen, hace de los
personajes, ferozmente, un objeto, un clasificado para todo tipo de
corrupción.
Varios son los videos. Un primer video difundido en cadena nacional por
Televisa el 23 de febrero, muestra al senador Jorge Emilio González
Martínez, dirigente del Partido Verde Ecologista de México, junto con
un empresario en un diálogo en el que se solicita la mediación del
dirigente para agilizar trámites en Cancún, municipio gobernado por
este partido. Se le ofrece dos millones de dólares. El resultado, la
licencia al Senado y el repudio público por su conducta, aun cuando
justifica que su aparición obedece a una intención de desenmascarar a
los corruptos.
Mas, son los videos que involucran al Gobierno del Distrito Federal los
que trascenderán el ámbito local para ser un problema de seguridad
nacional. Los primeros días de marzo se difunde un video en el que el
secretario de Finanzas del Gobierno del DF (la capital del país)
aparece apostando sumas millonarias en el casino del Hotel Bellagio en
Las Vegas.
En otros videos, también difundidos en marzo, aparecen el ex
coordinador parlamentario de la Asamblea del DF, René Bejarano, y el
delegado político en Tlalpan (una delegación de la Ciudad de México),
Carlos Ímaz, que recibe cuantiosas sumas de dinero para financiar las
campañas electorales de 2003. En ambos casos aparece Carlos Ahumada,
dueño de El Independiente, quien entrega el dinero y también el
responsable de la filmación.
Todos los videos que involucran al gobierno de la ciudad fueron
transmitidos por Televisa. El del secretario de Finanzas en horario
estelar por la noche, los otros dos en un programa conducido por un
personaje llamado Brozo, un payaso metido a analista político. Lo
paradójico de los casos de Bejarano e Ímaz es su participación previa
en programas que condenaban la corrupción del secretario de Finanzas.
Aún más, Bejarano asistió a un noticiero matutino en Televisa para
condenar la corrupción. Solo cruzó de un foro a otro en la misma
empresa para mostrarle la corrupción en donde aparecía él mismo. Todo
se le derrumbó.
Por su parte, Carlos Ímaz supo de la existencia de un video sobre él.
Se adelanto y admitió su culpa ante las cámaras, quizá esperando
desactivar el impacto de la imagen a través de su dicho. Ímaz buscó
invertir el proceso, connotar la imagen como un error de su parte para
disminuir el impacto de las escenas denotadas. Para ambos personajes,
sus actos fueron más un error que una acción corrupta.
La respuesta de Andrés Manuel López Obrador, jefe de gobierno y el
candidato más viable de la izquierda para ganar las elecciones
presidenciales de 2006, intentó detener el impacto a través de la
defensa moral de sus acciones. Su juicio se sustentó en la idea del
complot de Estado, con intervención de instituciones de los Estados
Unidos, para frenar su popularidad. La idea de complot ha resultado
hasta ahora cómoda, vuelve simple lo complejo y rehuye la
responsabilidad de su gobierno. Pero el argumento moral del jefe de
gobierno es hoy más un problema que una solución. Los valores de la
política no son los de la moral. No puede aducirse un problema político
como la lucha entre buenos y malos. O como el caso del jefe de
gobierno, decirse portador de la moral y pasar por encima de la ley,
por el simple hecho de ser popular. El veredicto lo dicta la opinión
pública, no los tribunales.
Los medios también construyeron su paradoja, a través de ellos
conocimos los videos de la corrupción, y son ellos mismos los que
volvieron banales los sucesos. Las agencias de publicidad difundieron
anuncios comerciales que parodiaban las situaciones para vender
colchones, jugos energizantes o lentes. Algunos programas de comedia
los incorporaron a sus parodias. La gravedad de los hechos se
incorporaron al imaginario de así somos los mexicanos.
Conclusión
A través de los medios, la incipiente democracia mexicana se ha vuelto
más transparente, al precio de observar el drenaje de la política. Pero
esos mismos medios no pueden suplantar el ejercicio de la autoridad, ni
constituirse en patíbulos públicos. De igual manera, la transparencia
no puede ser solo un ejercicio de la política sino de los propios
medios. La transparencia se la deben aplicar así mismos. El panóptico
mediático no solo es como nuestros ojos miran hacia fuera, sino
observar cómo observamos, cómo los ojos miran lo que miran.
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